El texto aborda los efectos que pueden tener los sismos, sequías e inundaciones y su impactos fiscales en la economía local.

De producirse contrariedades medioambientales se incrementarán los riesgos para que el fisco cumpla las metas de reducir el peso de la deuda a un 89 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2029, una de las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Elaborado por el Ministerio de Hacienda, el documento define la ruta a seguir luego del préstamo de mil 400 millones de dólares acodados con el fondo, que contempla realizar un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB que ordene las finanzas públicas.

Una meta establecida que algunas fuentes señalan tendrá efectos dañinos para la población es disminuir en 5.4 puntos porcentuales del PIB la deuda, para reducirla de un 87.4 por ciento en 2024 a un 82 en 2029.

Estos planes pueden verse afectados en un país que es altamente vulnerable al cambio climático y a la ocurrencia de desastres medioambientales, cuya materialización representará daños y pérdidas que afectan las finanzas públicas.

El esquema de crisis sostiene que el 88.7 por ciento del territorio salvadoreño es considerado zona de riesgo, mientras que un 63 por ciento presenta amenaza sísmica alta y muy alta, un 38 es susceptible a deslizamientos, un 35 a sequías y un 15 por ciento a inundaciones.

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