Las estadísticas oficiales reflejan una tendencia al auge de esos desembolsos y los analistas se cuestionan los “movimientos cosméticos” de las autoridades para administrarlos, lo que genera desconfianza.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el país avanzó en su estrategia de administración de ese monto con la autorización de un paquete integral de financiamiento del Grupo Banco Mundial, que contempla garantías por hasta mil 900 millones de dólares.

La operación tiene lugar en un contexto marcado por un leve aumento del saldo total al cierre de noviembre pasado, pero forma parte de una política pública orientada a diversificar las fuentes de financiamiento multilateral, mejorar el perfil de la deuda y optimizar el servicio de los compromisos financieros del Estado.

Los recursos, cuyo desembolso está previsto para enero de 2026, se destinarán exclusivamente al refinanciamiento de deuda existente con vencimientos durante el primer cuatrimestre del año, trascendió.

La estrategia cobra relevancia en un escenario en el que el saldo de la deuda pública total ascendió a 58 mil 904.6 millones de dólares al cierre de noviembre, lo que representó un incremento de 71.9 millones de dólares (0.1 por ciento) con respecto al saldo registrado al cierre de octubre pasado.

Para el titular del MEF, Felipe Chapman, de esta manera se busca mitigar presiones de corto plazo sobre el servicio de la deuda, extender los plazos de repago y fortalecer la sostenibilidad fiscal, en un entorno financiero caracterizado por ajustes en los mercados de deuda locales e internacionales.

En conferencia de prensa, el propio presidente de la República, José Raúl Mulino aseguró que su administración cumplirá la meta de déficit fiscal para 2025, fijada en cuatro por ciento, aunque reconoció que ha sido un año “muy duro” para alcanzar ese objetivo.

Al respecto, economistas como Ernesto Bazán alertan sobre la inclinación del actual Ejecutivo de pagar con bonos deudas del Estado.

A lo anterior se añade el pago por el Estado de 960 millones de dólares a la Caja de Seguro Social producto de la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones.

Sobre los pagos de compromisos con bonos, el propio Bazán indicó que cuando se cumple una obligación a través de ese instrumento, se evita aumentar los gastos, ya que no hay un pago en efectivo, sin embargo, se aumenta la deuda.

En la práctica, evitas aumentar el déficit fiscal, pero aumentas la deuda directamente, es decir un “movimiento totalmente cosmético”, remarcó. Entre otros desafíos económicos que quedan pendientes para 2026 sobresalen además el desempleo, en el orden del 10 por ciento, y una informalidad en el mercado laboral de casi el 50 por ciento.

Para los estudiosos, la dramática situación es el resultado de la pérdida de miles de plazas, la contracción de la inversión y la alta dependencia del gasto público.

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