El experto en seguridad Fernando Carrión señaló que la tasa de asesinatos creció casi 10 veces desde 2017, al pasar de seis muertes por cada 100 mil habitantes a una proyección de 51 o 52 homicidios por cada 100 mil habitantes al cierre de este 2025.
Para el analista, entrevistado por Radio Pichincha, esta situación revela el agotamiento de la política antinarcóticos tras el impacto inicial del estado de excepción declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa.
Consideró que la situación refleja cómo la falta de una política integral ha permitido que el crimen organizado influya de forma decisiva en la agenda nacional.
Paralelamente, el país vivió protestas sociales entre septiembre y octubre, cuando sectores indígenas y organizaciones sociales convocaron un paro nacional en rechazo a la eliminación de subsidios al diésel y otras políticas económicas del Gobierno.
Las movilizaciones, que duraron más de un mes, incluyeron bloqueos de carreteras, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y denuncias de violaciones a los derechos humanos por la represión de la fuerza pública, que según denuncias de organizaciones sociales, dejó cuatro muertos.
En el terreno económico, Ecuador enfrenta altos costos de vida, más de la mitad de los trabajadores en el sector informal, y un crecimiento que, aunque presente en ciertos indicadores macroeconómicos, no ha logrado aliviar la percepción de precariedad entre amplios sectores de la población.
Expertos advirtieron sobre las consecuencias del crecimiento de la deuda pública, sobre todo con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A septiembre de 2025, la deuda llegó a 89 mil 542,9 millones de dólares, cerca del 67 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual desplaza recursos que deberían ser destinados a salud, educación y seguridad.
No obstante, esta semana, Noboa aseguró que Ecuador atraviesa un “proceso de recuperación económica y estabilidad” y acusó a sus opositores de preferir “un país destruido” antes que perder influencia política.
Según el mandatario, hay indicadores que respaldan su gestión, como por ejemplo una disminución de la pobreza al 20,5 por ciento, una inflación de 1,2 por ciento, un descenso del riesgo país, así como mayores ventas, depósitos bancarios y exportaciones al alza.
Sin embargo, ese discurso oficial contrasta con la percepción ciudadana, donde el empleo adecuado o pleno alcanzó el apenas el 36,3 por ciento en noviembre, la inseguridad es parte de la cotidianidad, y la salud pública está en crisis.
Este año que concluye fueron frecuentes las noticias sobre el desabastecimiento de medicinas e insumos en hospitales, pacientes sin atención oportuna, y una reducción del presupuesto para el sector, que ha tenido cinco ministros y ahora está a cargo de la vicepresidenta, María José Pinto.
En materia política, Ecuador vivió elecciones presidenciales que mantuvieron a Noboa en el poder, pero luego el descontento son su gestión se reflejó en una consulta popular y referéndum.
En ese proceso, la ciudadanía dijo No a las cuatro preguntas propuestas por el Ejecutivo, incluyendo temas controversiales como la posible instalación de bases militares extranjeras para apoyar la lucha contra el crimen y la posibilidad de una nueva Constitución.
El cierre de 2025 encuentra al país en un momento de tensiones, con demandas sociales persistentes, la violencia al alza y un debate nacional sobre el rumbo que debe tomar Ecuador para garantizar estabilidad, inclusión y justicia para sus ciudadanos.
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