El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 277 donde señaló que “informes técnicos actualizados” detallan que la situación de violencia y criminalidad organizada persiste, pero también se ha intensificado y extendido territorialmente.

El estado de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y Pichincha, donde se encuentra Quito, la capital del país.

Además, se incluye a los cantones La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.

Según Noboa, existe una “dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada”.

En los territorios mencionados quedan suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que faculta a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos y operaciones, así como recopilar información para prevenir o neutralizar amenazas de seguridad.

Algunas de las provincias incluidas en el nuevo decreto de estado de excepción llevan más de un año bajo ese criterio y aún así los crímenes no cesan.

Ecuador registró en 2025 la mayor cantidad de muertes violentas de su historia, con más de nueve mil, según los datos oficiales.

En enero de 2024, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, categoría bajo la cual permitió a los militares sumarse a las acciones de seguridad interna, sin embargo la crisis persiste, mientras analistas advierten que la militarización por sí solo no resuelve el problema.

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