De acuerdo con un comunicado del Legislativo, más allá de actos protocolares, la jornada inaugural estará centrada en el tradicional mensaje a la Nación del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Según el artículo 121 del reglamento orgánico del Órgano Legislativo, las propuestas pendientes del pasado año deberán ser presentadas nuevamente en el pleno para su consideración, quedando su avance sujeto a la voluntad de los propios diputados.

Entre los proyectos que quedaron pendientes figuran iniciativas de carácter educativo, judicial, social, económico y ambiental, varias de ellas vinculadas a compromisos de transparencia y rendición de cuentas promovidos por la actual administración.

Uno de los proyectos normativos que no avanzó en comisión plantea investigar el uso de fondos públicos durante la pandemia del Covid-19, aunque fue presentada en julio, pocos días antes del inicio del primer periodo de sesiones, no logró ser acogida, pese a su alineación con las demandas ciudadanas de fiscalización del gasto público.

En una situación similar se encuentra el anteproyecto que busca eliminar la prueba idónea en las investigaciones contra diputados, con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante la ley.

También permanece en pausa el anteproyecto de ley 120, que propone establecer un tope salarial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y eliminar privilegios como sobresueldos, dietas e incentivos.

En el ámbito económico, no avanzaron las iniciativas orientadas a regular los topes máximos de cobro en los corredores del país ni la que plantea establecer una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito por concepto de uso de aeropuerto.

Asimismo, quedó pendiente la discusión sobre la evaluación de subsidios, exoneraciones e incentivos que otorga el Estado a personas naturales y jurídicas.

Otro anteproyecto “engavetado”, subraya el diario Panamá América, busca que el listado de contratistas del Estado sea de acceso público, con el fin de identificar posibles conflictos de interés, prevenir el clientelismo político y reducir los riesgos de corrupción y desvío de fondos.

En materia de seguridad social, también quedaron sin debate propuestas para garantizar el registro correcto de las cuotas de funcionarios públicos y trabajadores del sector privado, así como para promover la entrega de medicamentos a domicilio a través de la estatal Caja de Seguro Social (CSS).

La discusión de los anteproyectos dependerá, a partir de este mes de enero, del nivel de prioridad que les otorguen los diputados, en un contexto de altas expectativas ciudadanas sobre reformas y transparencia en el primer órgano del Estado.

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