En un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo español repudió la normativa de registro a las Organizaciones No Gubernamentales humanitarias que operan en la zona ocupada de Palestina, para después dejar sin efecto sus licencias y expulsarlas e impedir su trabajo.

Con estas medidas, que han afectado a reconocidas ONG españolas e internacionales, Israel limita así su trabajo y de actores para hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza y atender las necesidades más básicas de la población palestina, consideró la nota.

“Esta decisión se suma a la reciente aprobación en la Knesset de la ley que impone el corte del suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en Israel y en el Territorio Ocupado de Palestina, además de retirarle sus inmunidades y privilegios”, apuntó.

En otra parte del comunicado, indicó que el Gobierno de España reitera “su más profunda preocupación por el severo impacto que estas decisiones van a tener en la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y el Territorio Palestino Ocupado”.

Al mismo tiempo, urgió a Israel a revertir “estas inaceptables decisiones que impiden trabajar a los actores humanitarios fundamentales, que salvan vidas y atienden las urgentes necesidades básicas de la población civil palestina y de refugiados en Gaza, Cisjordania y en toda la región de Oriente Medio”.

En esta línea, la administración española reafirmó su compromiso y reconocimiento a la labor de las ONG humanitarias españolas e internacionales (…), de forma independiente e imparcial para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad de la población palestina.

Asimismo, recordó la obligación legal del régimen de Tel Aviv de cumplir como potencia ocupante con el derecho internacional, en particular con la IV Convención de Ginebra y la protección de la población civil, y de acatar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia.

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