De acuerdo con datos publicados por la institución estatal en su página web, la mayoría de los 42 mil 87 arribos de connacionales -hasta el pasado 23 de diciembre- son por motivos de deportación (33 mil 845 casos), seguidos por retornos regulares (siete mil 457) y voluntarios (785).
El recuento del INM detalla que Estados Unidos lidera la lista de países de origen con 34 mil 22 personas, por delante de México (cuatro mil 600) y Guatemala (tres mil 396).
Por sexo, las estadísticas establecen que 32 mil 479 de los retornados son hombres, cuatro mil 347 mujeres, mil 304 niñas y tres mil 957 niños.
Pese a la férrea política migratoria de la administración de Donald Trump, quien tras asumir su mandato en enero del pasado año amenazó con deportaciones masivas, las autoridades hondureñas sostienen que la dinámica de regresos disminuyó en comparación con años anteriores.
Recientemente, el director del INM, Wilson Paz, subrayó que el promedio mensual de retornados es de entre dos mil 700 y tres mil compatriotas.
Con ese ritmo, Paz estimó que 2025 cerraría con poco más de 40 mil retornos, frente a los 58 mil reportados en 2023 y a los 44 mil registrados en 2024.
Recordó que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro asumió su mandato en enero de 2022 con una alta cantidad de personas expulsadas y eso fue un gran reto.
Cuatro años después, las deportaciones disminuyeron por diversos factores, entre ellos el trabajo que realiza el ejecutivo, destacó.
También matizó que las detenciones de hondureños en la frontera sur de Estados Unidos bajaron de manera considerable.
Mientras en 2021 las autoridades migratorias norteamericanas capturaron a 320 mil connacionales, en 2024 ese dato bajó a menos de 100 mil personas, una caída de alrededor del 60 por ciento, remarcó Paz, quien aclaró que la mayoría de los interceptados son reincidentes.
A través del programa Hermana, hermano vuelve a casa, la administración de Castro realiza ingentes esfuerzos para garantizar una reinserción económica y social digna y productiva de los migrantes.
Como parte de ese plan de atención, el ejecutivo de la nación centroamericana otorga a cada retornado un bono inicial de 100 dólares para alimentos, y con posterioridad otros mil dólares para que los beneficiarios puedan emprender una actividad económica que les genere ingresos.
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