La información la difunde hoy el diario Página12 como nota principal en la que señala hubo registros sobre las víctimas del terrorismo de Estado, aunque se presume que muchos de ellos permanecen en poder de los perpetradores y no lograron ser hallados por distintos gobiernos democráticos.

La acción legal de Llonto tiene lugar cuando falta poco para que los argentinos conmemoren el aniversario 50 del golpe militar que enluteció a este país del cono sur latinoamericano, período siniestro en el que desaparecieron 30 mil personas, aseveran los defensores de los derechos humanos.

Página12 recuerda que Orestes Vaello, un suboficial del Ejército que prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601, se presentó a declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) con unos papeles que ordenaban los secuestros de determinados “blancos”.

Esos documentos identificaban a los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices. Las órdenes, originadas en el propio Batallón de Inteligencia 601 y enviadas al servicio de inteligencia de la policía bonaerense, decían que el grado de peligrosidad era “mínimo”, aun así fueron detenidos y asesinados.

Los papeles aportados por Vaello sirvieron para probar tempranamente que el Batallón 601 funcionó como un cerebro de la represión, generando distintos impulsos sobre otros cuerpos que se ocupaban de ejecutar sus directivas

Dentro del Batallón funcionaron distintos grupos de tareas enfocados en la persecución de diferentes sectores militantes. La propia Conadep publicó en su informe Nunca Más que ese cuerpo tenía una sección llamada Registro y Archivo.

Llonto sostiene que los archivos de inteligencia del Ejército podrían haber sido ocultados o robados.

Cita como ejemplo la declaración de Stella Segado, exdirectora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, en el juicio por los secuestros y desapariciones que sufrieron integrantes del movimiento Montoneros.

Segado relató que en los años 90 se incendió, de manera curiosa, parte del séptimo piso del Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, después de que un juez ordenara preservar el lugar ante la hipótesis de que existieran archivos de la represión. En el séptimo piso funcionaba la inteligencia del Ejército, rememora el periódico.

El reclamo del abogado acontece a tres meses de que Argentina conmemore el batacazo militar del 24 de marzo de 1976 que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, golpe que desató la última y más sangrienta dictadura cívico-militar del país, que se extendió hasta 1983.

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