En una declaración firmada por la presidenta de la AAJ, Claudia V. Rocca, y su secretaria general, Vanessa Ramos, convoca a la ONU a adoptar medidas que también restauren la legalidad internacional quebrantada y prevengan una escalada que comprometa gravemente la paz y la seguridad internacionales.

“El orden jurídico internacional se encuentra hoy ante una crisis sistémica sin precedentes, cuya inacción podría acarrear consecuencias irreversibles para la humanidad”, advierte el comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina.

Asimismo, reviste una gravedad jurídica sin precedentes que el propio Presidente de Estados Unidos haya anunciado públicamente, a través de redes sociales, el secuestro y privación ilegítima de la libertad del Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Como defensora del derecho internacional, de la igualdad soberana de los Estados, de la autodeterminación de los pueblos, de la coexistencia pacífica y del principio de no intervención, la AAJ “condena en los términos más enérgicos el ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos de América contra la ciudad de Caracas y otras zonas del territorio de Venezuela”.

Tal bombardeo “constituye un acto de fuerza ilícito y un crimen internacional de extrema gravedad”, recalca la organización que tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y representación permanente ante la ONU.

“El bombardeo ejecutado por Estados Unidos configura un crimen de agresión, prohibido de manera absoluta por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que carece de toda base jurídica válida en el derecho internacional contemporáneo”, precisa.

Igualmente, tampoco se encuentra amparado –añade- por ninguna de las excepciones reconocidas al uso de la fuerza y constituye una violación flagrante del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, así como de las normas imperativas que rigen la convivencia internacional.

Se trata, por tanto, de una agresión armada ilícita, generadora de responsabilidad internacional del Estado agresor, sostiene la AAJ.

Tanto el bombardeo como el secuestro “constituyen una violación manifiesta del derecho internacional, un atentado contra la soberanía popular, una ruptura del orden constitucional venezolano y un acto que puede encuadrarse en la comisión de crímenes internacionales”.

Le corresponde ahora –enfatiza- a los órganos competentes del sistema internacional de protección de derechos humanos y del derecho penal internacional, denunciarlos como tal.

La AAJ apunta a que “el objetivo de apropiación y control de los recursos naturales soberanos de Venezuela ha sido expresamente reconocido por el propio presidente Donald Trump, lo que evidencia el carácter imperial, colonial y contrario al derecho internacional de esta agresión armada, proscripta por la Carta de la ONU y por los principios fundamentales que rigen las relaciones internacionales desde 1945”.

En su declaración, la AAJ convoca a todos los gobiernos de la comunidad internacional, a las organizaciones políticas, sociales y religiosas, y muy especialmente a los juristas del mundo, a condenar de manera categórica este crimen internacional, a exigir la aparición con vida y la inmediata restitución del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa.

También exige el cese inmediato e incondicional de los ataques armados, y la reparación integral de los daños causados por Estados Unidos, en estricto respeto del derecho internacional, la dignidad humana y la preservación del orden internacional.

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