Medios locales reportaron durante la semana que hoy concluye varios sucesos, entre ellos explosiones en Santo Domingo que afectaron a varios negocios, un ataque armado en Guayaquil que causó la muerte a un policía y una bala perdida en esa ciudad que acabó con la vida de un docente universitario.

El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en nueve provincias y tres cantones y señaló que “informes técnicos actualizados” detallan que la situación de violencia y criminalidad organizada persiste, pero también se ha intensificado y extendido territorialmente.

La medida, adoptada bajo el argumento de grave conmoción interna, estará vigente por 60 días en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y Pichincha, donde se encuentra Quito, la capital del país.

Además, se incluye a los cantones La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.

Algunas de las provincias incluidas en el decreto llevan más de un año bajo ese criterio y aún así los crímenes no cesan.

La asambleísta Viviana Veloz denunció abandono estatal y cuestionó la efectividad de la política de seguridad del Gobierno, pues en su opinión los estados de excepción decretados a nivel nacional no han logrado frenar la violencia ni garantizar protección a la ciudadanía.

Ecuador registró en 2025 la mayor cantidad de muertes violentas de su historia, con más de nueve mil, según los datos oficiales.

En enero de 2024, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, categoría bajo la cual permitió a los militares sumarse a las acciones de seguridad interna, sin embargo la crisis persiste, mientras analistas advierten que la militarización por sí solo no resuelve el problema.

El Ministerio de Defensa anunció este sábado la llegada al país en marzo de un “mega buque de guerra” para la lucha contra “las mafias y el crimen organizado”.

Por otro lado, el mandatario salió de vacaciones el 1 de enero por 18 días y quien se encuentra al frente del Ejecutivo, de acuerdo con la ley, es la vicepresidenta, María José Pinto.

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