Los problemas tienen como protagonista al primer ministro, Ernesto Álvarez, quien acusó al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, de aprestarse a defender la alegada situación laboral de funcionarios de Petroperú, y abrió otra controversia con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Álvarez asumió la tarea de defender el proyecto bajo el supuesto de que solo podría vérselas con fuerzas de izquierda y progresistas que consideran estratégica y necesaria a Petroperú, a la que el exgobernante Alberto Fujimori (1990-2001) prohibió explorar y explotar petróleo, pero sin privatizarla totalmente.

En ese empeño, aseguró que la empresa estatal no será privatizada, pero el ex ministro de Energía y Minas. Carlos Herrera, sostuvo que, por el contrario, el Gobierno había decidido solucionar los problemas financieros de la petrolera descuartizándola mediante su fragmentación para privatizarla.

Señaló que el decreto de reorganización de Petroperú encomienda la tarea al organismo Proinversión, cuya misión desde su creación por Fujimori fue gestionar privatizaciones.

El primer ministro abrió sorpresivamente ayer un nuevo frente, al acusar al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, de preparar la defensa de los derechos laborales de los funcionarios de Petroperú, que el Gobierno consideró privilegios.

Gutiérrez, ajeno a la izquierda y al progresismo, rechazó la acusación de Álvarez como una ligereza desafortunada, criticó el decreto de reorganización de Petroperú y anunció que en breve presentará un informe que plantea la inviabilidad del proyecto anunciado el 31 de diciembre.

Adelantó que un gobierno de transición como el del presidente José Jerí -que reemplazó como titular del Congreso a la destituida Dina Boluarte- carece de facultades para reestructurar la empresa estatal, porque, según la constitución, carece de las facultades para hacerlo por no ser un gobernante elegido por el pueblo.

Agregó que el informe consignará datos sobre elementos ingresados a Petroperú con el fin de implosionarla para llevarla al presente escenario.

Álvarez sostuvo además una controversia paralela con la ANGR, al responder a un pronunciamiento de los gobernadores que señaló al Gobierno como responsable político de otros tres asesinatos de presuntos mineros ilegales en la provincia norteña de Pataz.

En su respuesta, el presidente de la ANGR, Koki Noriega, afirmó que lo sucedido en Pataz evidencia que no está funcionando el Estado de Emergencia decretado por el gobierno en esa provincia, bajo control de fuerzas policiales y militares.

De otro lado, partidos de izquierda como Nuevo Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú y Adelante Pueblo Unido, condenaron el proyecto sobre Petroperú por considerar que atenta contra la soberanía energética.

Además, la congresista Heidy Juárez, del centro-derecha Podemos Perú, anunció la presentación de una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, promotora de la reorganización de Petroperú.

La citada moción, que podría compartir la izquierda, llama a una movilización nacional en defensa de Petroperú y se descarta la posibilidad de que otras fuerzas se abstengan de apoyar en el Congreso el proyecto gubernamental para no afectar sus campañas por las elecciones generales de abril próximo.

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