Estos hechos, de extrema gravedad, constituyen una violación flagrante y sistemática de los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, subrayó la articulación que tomó fuerza en este país con los comicios de 2023.

Dicha acción se inscribe en una larga y lamentable práctica de intervenciones unilaterales y arbitrarias, carentes de mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que contravienen el derecho internacional, acotó.

Estas prácticas, orientadas a forzar cambios de régimen y a subordinar la voluntad soberana de los pueblos a intereses geopolíticos o económicos externos, vulneran además la libre determinación, amplió la coalición plural y de representación social (con indígenas, campesinos, sindicatos, estudiantes, entre otros).

La utilización de la fuerza y el secuestro de autoridades legítimas no solo carecen de sustento jurídico internacional, sino que constituyen graves transgresiones a los estándares mínimos de protección de la dignidad humana y del orden constitucional, remarcó. Tales actos profundizan la inestabilidad regional, erosionan la confianza entre los Estados y reavivan una lógica de dominación incompatible con los valores democráticos que la comunidad internacional afirma defender, afirmó la organización.

Resulta inaceptable que diferencias se pretendan resolver mediante la fuerza, la coerción o la imposición externa. Ningún Estado tiene derecho a erigirse en juez y parte del destino de otro pueblo, añadió.

Ni a desconocer su soberanía con el pretexto de intereses estratégicos, económicos —incluidos los relacionados con recursos naturales como el petróleo— o de seguridad nacional, enfatizó el FAD.

En la madrugada de este sábado se registraron múltiples explosiones y sobrevuelos de aeronaves en Caracas y los estados venezolanos de Miranda, Aragua y La Guaira, lo cual marcó una escalada en las tensiones entre los dos países.

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