En el comunicado de ese colectivo se señala que los peticionarios del caso de José Isabel Salas Galindo y otros contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ( OEA) denuncian la violación a la soberanía de Venezuela y el derecho a la paz de ese pueblo y de toda la región.
El Frente Salas exigió a la Organización de Naciones Unidas tomar las medidas necesarias para detener este acto de agresión y a la OEA actuar de inmediato para detener esta repetición de la violencia.
“Exigimos al gobierno de Panamá, a todos los gobiernos y los pueblos de la región y del mundo la condena inmediata a esta violencia y tomar todas las medidas necesarias para detener la agresión imperialista de Estados Unidos contra Venezuela”, remarca el mensaje.
También la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba en Panamá rechazó la agresión militar realizada por el imperialismo estadounidense contra Caracas, apunta una declaración.
“Reiteramos nuestra solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela y nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la paz en nuestra América”, agrega el mensaje de esa agrupación.
Antes el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) emitió un comunicado que condena los ataques de esta madrugada y aseguró que “Bombardear no es democracia: es crimen”.
Frenadeso también rechazó las campañas de desinformación utilizadas para legitimar el bombardeo iniciado en la madrugada del 3 de enero de 2026.
En su denuncia, el colectivo precisó que tras el discurso de “democracia” y “seguridad”, se oculta la intención de apropiarse de los recursos minerales y energéticos de Venezuela, aun a costa de la vida de su población y de la estabilidad regional.
Este sábado, tras varios informes de medios, la Cancillería de Venezuela denunció el ataque de Estados Unidos perpetrado contra Caracas y los estados venezolanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
Los acontecimientos se desarrollan en el contexto de máximas tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el bloqueo naval anunciado por Trump el pasado 16 de diciembre.
La operación militar de Estados Unidos en el Caribe, que se inició en agosto, incluye destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de cuatro mil militares.
Washington justifica el despliegue alegando la necesidad de frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.
El movimiento militar, considerado por el gobierno venezolano como una violación al derecho internacional, ocurre en un contexto de acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incluida una recompensa millonaria por su captura.
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