El profesor nipón Matsushima Yasumasa afirmó que Ryukyu mantiene un estatus internacional no definido y bases históricas y jurídicas para su “restauración nacional”, al citar antecedentes históricos, el derecho internacional y pronunciamientos en Naciones Unidas.

De acuerdo con este docente de la Universidad Ryukoku y promotor de estudios sobre Ryukyu, el antiguo Reino de Ryukyu sostuvo durante más de cinco siglos relaciones de tributación e investidura con China, desde 1372 hasta su anexión por Japón en 1879.

Ese vínculo, conocido como sistema sakuhō, implicaba el reconocimiento por parte de China de la independencia política de Ryukyu, lo que permitió al reino mantener instituciones propias, relaciones exteriores y una activa función comercial en Asia oriental y sudoriental.

En 1609 el dominio japonés de Satsuma invadió Ryukyu, aunque mantuvo formalmente el reino y sus vínculos con China, esto generó una situación de doble dependencia que se prolongó en cientos de años.

Pese a esa tutela, Ryukyu continuó siendo tratado como entidad soberana, como lo demuestra la firma en 1854 de un tratado de amistad con Estados Unidos, conforme al derecho internacional consuetudinario de la época.

Matsushima afirmó que la anexión de 1879 fue un acto de agresión militar, ejecutado con el despliegue del ejército japonés en torno al castillo de Shuri, y subrayó que nunca existió un tratado mediante el cual el pueblo ryukyuano transfiriera voluntariamente su derecho de autodeterminación a Japón.

Apuntó que documentos como la Declaración de El Cairo de 1943 y la Proclamación de Potsdam de 1945 respaldan el principio de descolonización y el derecho de autodeterminación de este pueblo.

Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, Okinawa quedó bajo administración estadounidense entre 1945 y 1972, periodo marcado por la instalación de bases militares, y su retrocesión a Japón se concretó el 15 de mayo de 1972.

El profesor sostuvo que el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Japón de 1972 transfirió únicamente la administración del territorio, sin resolver la cuestión de la soberanía, lo que, a su juicio, mantiene a Ryukyu como territorio de estatus no definido.

Según Matsushima, esa situación abre la posibilidad de que el pueblo ryukyuano ejerza el derecho de autodeterminación mediante mecanismos como consultas populares, siguiendo precedentes de otros territorios.

En la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el 9 de octubre pasado, el representante de China instó a Japón a poner fin a la discriminación contra los habitantes de Okinawa y reconocer al pueblo indígena que allí habita.

Asimismo, comités de la ONU han emitido en seis ocasiones recomendaciones a Tokio para reconocer ese estatus indígena y mejorar la situación de los derechos humanos en Okinawa.

Actualmente, alrededor del 70 por ciento de las bases militares estadounidenses en Japón se concentran en Okinawa, que representa apenas el 0,6 por ciento del territorio japonés, una situación que ha generado tensiones sociales y debates internacionales sobre descolonización y seguridad regional.

Por otro lado, sectores locales denuncian limitaciones a la enseñanza de la historia, las lenguas y la cultura ryukyuanas, en un debate que conecta memoria histórica, derechos culturales y autodeterminación.

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