Este acto no ocurrió de forma aislada. Siguió a una campaña sostenida y deliberada de agresión contra Venezuela, que incluyó el bloqueo de sus cargamentos de petróleo y las confiscaciones piratas por Estados Unidos.

Las acciones hostiles escalaron hasta convertirse en un asalto militar total a Caracas, que incluyó el bombardeo de instalaciones estratégicas y el secuestro ilegal de un jefe de Estado en funciones, indicó el pronunciamiento firmado por Taurai Kandishaya desde la presidencia de la AYC.

La justificación presentada por Washington -añadió- de que el mandatario Maduro encabeza un supuesto «narcoestado» y ha sido acusado bajo la ley estadounidense, debe ser rechazada inequívocamente.

La magnitud de la fuerza desplegada, el uso de aeronaves militares y la flagrante violación de la soberanía venezolana claramente clasifican esta operación como un acto de guerra.

Washington declaró, sin pudor, que el objetivo de esta operación era tomar el control de los recursos petroleros del país sudamericano.

Esta admisión -enfatizó el AYC- expone el verdadero motivo de la agresión. El petróleo pertenece al pueblo venezolano y es su derecho soberano decidir cómo se gestionan esos recursos y con quién cooperar.

En un mundo multilateral, el unilateralismo es inaceptable y la Casa Blanca -agregó- no tiene autoridad para actuar como juez, jurado y verdugo global, así como carece de derecho para acusar a líderes o ciudadanos extranjeros bajo la legislación estadounidense y menos invadir estados soberanos.

El Congreso de la Juventud Africana exige la liberación inmediata e incondicional del presidente Maduro y rechaza la idea de que Venezuela pueda o deba ser gobernada por potencias externas.

La declaración concluye con el llamado a la Comunidad Internacional a ejercer una presión diplomática, política y moral sobre Washington como medida disuasoria contra la violación criminal de las normas internacionales y la amenaza desestabilizadora para el orden mundial.

ro/leg