En un mensaje a la nación el pasado 2 de enero, sobre su gestión de 18 meses, el mandatario afirmó que el país deberá enfrentar de manera directa las bases mismas de la organización del Estado, al considerar que el actual sistema jurídico-político no responde a las realidades nacionales.

En ese contexto, planteó la necesidad de impulsar una nueva Constitución a través de un proceso constituyente originario, con el objetivo de modernizar el Estado y fortalecer la institucionalidad.

Al respecto, la docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá , Anayansi Turner, indicó que la vigencia del Estado de derecho en el istmo está seriamente erosionada por la concentración de poder en el Ejecutivo, la debilidad estructural del sistema de justicia y el incumplimiento sistemático de la Constitución y las leyes.

Según explicó Turner al diario La Estrella de Panamá, en la práctica el actual sistema permite al presidente influir e interferir en los demás órganos del Estado, debilitando la separación de poderes y la independencia judicial.

En este contexto, la exconstitucionalista sostiene que actualmente existen pocas condiciones democráticas para una constituyente originaria, especialmente por lo que considera presiones y persecución contra sectores que se han opuesto a las políticas de la administración Mulino.

Además, advierte sobre los riesgos que los recientes acuerdos firmados con Estados Unidos representan para el Estado de derecho.

Para la experta, es inconcebible que haya un compás de participación si existe una política de proscripción de los sindicatos.

Por primera vez en la historia del país, el Ministerio de Trabajo pide la disolución de la organización sindical mayoritaria del país, como el Suntracs (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares), agregó. Además se ha establecido una persecución política contra dirigentes sindicales, además de la criminalización de la protesta social y el castigo a los maestros, destituyéndolos ilegalmente.

De otra parte recordó que se estableció un estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro en junio último el que se violaron garantías constitucionales y se cometieron graves abusos.

Además señaló que se apunta a una reducción del Estado, pero no en términos de eficiencia, sino en la representación, como en el caso de las mujeres. Lo mismo ocurre con la búsqueda de coartar el derecho a huelga, que en el caso del sector público no está reglamentado, pero eso no significa que no exista.

“En la doctrina del derecho laboral, estos son derechos indisolubles —uno no existe sin el otro—: el derecho a huelga, el derecho a la asociación sindical y el derecho a una convención colectiva. ¿Cómo puede haber condiciones de libertad y representatividad? Sin apertura democrática es muy difícil una constituyente real”, remarcó.

En 2025 se firmaron acuerdos con Estados Unidos que han sido cuestionados por violar la soberanía, aunque el gobierno lo niega.

Sobre el tema Turner aseveró que en este caso se viola el Estado de derecho directamente. Primero, porque la Constitución establece claramente que cualquier modificación al Tratado Torrijos-Carter (1977) debe estar sujeta a un plebiscito nacional.

Lo firmado, dijo, en la práctica lo modifica por medio de un memorando de entendimiento, que tiene un rango menor a una ley y que ni siquiera pasó por la Asamblea Nacional (parlamento), y permite establecer instalaciones militares extranjeras, algo claramente prohibido.

Otra distorsión señalada es que La Constitución establece claramente que Panamá no tendrá ejército, indicó, pero tenemos una especie de fuerza militarizada y, a su vez, se permite la instalación de bases para realizar entrenamientos conjuntos en territorio nacional, lo cual viola todos los tratados y el principio de soberanía nacional.

«Si el actual Gobierno quiere de forma legal un retorno de bases militares estadounidenses, alertó, tendría que hacerlo mediante un proyecto de ley sujeto a plebiscito, el cual sería rechazado de forma amplia por el pueblo».

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