En un comunicado del emblemático centro público de estudios superiores se subraya que este tipo de intervenciones pone en grave riesgo los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas .
La UP considera que la situación en Venezuela debe resolverse a través de soluciones pacíficas y negociadas, impulsadas por mecanismos multilaterales.
“El pueblo venezolano tiene el derecho soberano de resolver sus propios problemas, pero siempre con el acompañamiento de la comunidad internacional”, remarcó el mensaje.
La declaración además señaló el precedente peligroso que podría generar esta acción militar por parte de Washington, al recordar el antecedente de la invasión a Panamá en 1989.
Al respecto, alertó sobre los riesgos de que futuras intervenciones militares puedan ser justificadas bajo pretextos similares, como la intensificación de la guerra en Ucrania o posibles conflictos en otras regiones del mundo.
El Consejo de la llamada en el istmo casa del pensamiento crítico destacó la necesidad de una nueva institucionalidad internacional que priorice la solución pacífica de los conflictos, instando a todos los actores del escenario global a reflexionar sobre los impactos de las decisiones unilaterales que amenazan la estabilidad de regiones enteras.
El pasado sábado, tras varios informes de medios informativos, la Cancillería de Venezuela denunció el ataque de Estados Unidos perpetrado contra Caracas y los estados venezolanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
Los acontecimientos se desarrollaron en el contexto de máximas tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el bloqueo naval anunciado por el presidente Donald Trump el 16 de diciembre.
Las acciones de Estados Unidos en el Caribe, que se inició en agosto, incluye destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de cuatro mil militares.
Washington justifica el despliegue alegando la necesidad de frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.
El movimiento militar, considerado por el gobierno venezolano como una violación al derecho internacional, ocurre en un contexto de acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien tras el ataque fue secuestrado junto a su esposa Cilia Flores en una operación denominada Resolución Absoluta.
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