De acuerdo con el director general de Educación, Edwin Gordón, el plan se realiza en 86 centros docentes, distribuidos en las 16 regiones educativas.

La cantidad de estudiantes por revalidar ciencias sociales sorprendió porque los estudiantes como regla se inscriben más en materias como matemáticas y física, indicó.

En cuanto a la duración del proceso, el director aseguró que el período de recuperación constará de seis semanas: cinco serán de clases intensivas, y la última semana, del 9 al 11 de febrero, estará destinada a los exámenes finales.

Gordón también precisó que la región con más estudiantes en proceso de revalidación es Panamá Oeste, superando a otras como Chiriquí y Colón.

De otra parte, subrayó el papel crucial de los padres en el proceso educativo e instó a que se involucren en las reuniones escolares y que estén atentos al progreso académico de sus hijos a lo largo del año.

En un mensaje a la nación el pasado 2 de enero, ante la Asamblea Nacional (AN), el presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó la presentación de un proyecto de ley educativa, que deberá someterse a una consulta pública.

El mandatario afirmó que la educación panameña está desactualizada y representa un desafío que requiere una reforma profunda.

Actualmente, el sistema educativo se rige por la Ley 47 de 1946, acompañada de normas aisladas que muchas veces dependen más de quien las impulsa que de su verdadero impacto en la calidad educativa.

Sobre este tema, el exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, destacó la necesidad de actualizar el currículo, involucrando a gremios, sociedad civil y sectores productivos.

Por su parte, el consultor laboral y económico, René Quevedo, señaló que el sistema educativo ha estado históricamente desconectado de la realidad laboral, y no desarrolla en los jóvenes las competencias que exige el sector productivo.

Mulino recalcó que la nueva ley educativa permitirá agilizar procesos administrativos, enfrentar problemas con mayor eficiencia y garantizar la continuidad de los cambios académicos, evitando depender del ministro de turno o de la falta de compromiso político.

Además, anunció un proceso participativo para escuchar a todos los sectores antes de elaborar el borrador de la ley.

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