En declaraciones a Prensa Latina, González explicó que el presidente venezolano es una persona protegida internacionalmente conforme a la Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, instrumento jurídico suscrito por la mayoría de los Estados miembros de la ONU, así como por quienes forman parte de las convenciones de Viena y de Ginebra.

A su juicio, los jefes de Estado constituyen el primer sujeto del derecho internacional público y, por tanto, su investidura y condición jurídica permanecen intactas en cualquier circunstancia, independientemente del lugar o de los hechos que se invoquen en su contra.

“Nadie puede despojar a un presidente de su estatuto jurídico internacional”, subrayó.

El académico señaló que los acontecimientos del pasado 3 de enero en territorio venezolano constituyen un acto militar de carácter terrorista, ejecutado con planificación previa y con transgresión no solo de la soberanía de Venezuela, sino también de los derechos del mar territorial del Caribe, región declarada zona de paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Indicó que la reinstalación de bases militares y el despliegue de fuerzas extranjeras en el Caribe rompen acuerdos internacionales elevados a Naciones Unidas, y revelan una conducta sistemática de desconocimiento del derecho internacional por parte de Estados Unidos, al que definió como un imperio que actúa bajo una lógica supremacista.

González afirmó que el derecho penal internacional ha sido debilitado deliberadamente por las potencias occidentales, lo que ha impedido que instancias como la Corte Penal Internacional ejerzan una jurisdicción real y efectiva frente a crímenes cometidos por Estados hegemónicos.

En ese contexto, sostuvo que la justicia federal estadounidense carece de competencia para juzgar al presidente Maduro, al tratarse de una jurisdicción anglosajona que no puede procesar a un jefe de Estado extranjero protegido por convenciones internacionales, por lo que cualquier actuación judicial en su contra es jurídicamente nula.

Más que un proceso penal, advirtió, se trata de una acción ejemplarizante destinada a intimidar a los Estados que poseen recursos estratégicos y que no se subordinan a los intereses del poder imperial, particularmente en un escenario global marcado por la transición hacia un mundo multipolar.

El jurista alertó que este hecho marca un punto de quiebre para la seguridad regional, al desmantelar los pactos de paz y los mecanismos de convivencia construidos tras la Segunda Guerra Mundial, dejando a los Estados latinoamericanos expuestos a nuevas formas de intervención y coerción.

Recordó que Nicaragua ha sido históricamente objetivo de agresiones imperialistas y que su experiencia de lucha por la soberanía constituye una lección política y moral para los pueblos de la región, frente a los intentos de recolonización y saqueo de recursos.

González destacó que solo la organización de los pueblos, la defensa de la dignidad nacional y el fortalecimiento de alianzas basadas en la multipolaridad y la cooperación solidaria permitirán enfrentar la actual fase de decadencia del hegemonismo occidental y preservar la paz en América Latina y el Caribe.

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