El comunicado conjunto que fija esa posición fue suscrito por la la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI), la Sociedad Brasileña de Derecho Internacional (SBDI), la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) y la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI).

El texto expresa profunda preocupación ante “la retirada coercitiva del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, bajo jurisdicción venezolana, por agentes vinculados al Gobierno de los Estados Unidos, en territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.

Se trata de “una aparente actuación unilateral y al margen de mecanismos jurídicos internacionalmente reconocidos”, asevera, al señalar la afectación al consenso regional que históricamente caracteriza a América Latina como zona de paz. Tal concepto fue consagrado por la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac)..

Sobre el secuestro del mandatario venezolano, señala que “se estaría ante una violación aún más grave, por afectar el núcleo de la autodeterminación del pueblo venezolano y de la libertad de organización política interna, materias que permanecen protegidas por el Derecho Internacional, independientemente de juicios políticos externos sobre el gobierno en ejercicio”.

El documento se fundamenta en principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza.

También invoca el principio de no intervención en los asuntos internos, el respeto a la jurisdicción territorial y la obligación de solución pacífica de controversias, afectados pOr el bombardeo al país bolivariano y el secuestro de Maduro

“La práctica de actos coercitivos unilaterales en territorio extranjero, sin un fundamento jurídico multilateral válido, constituye una grave afrenta a estos principios y compromete la estabilidad de las relaciones entre los pueblos”, afirma.

Tras referirse a las acusaciones políticas contra Venezuela, apunta que “ninguna de estas circunstancias autoriza a otro Estado a arrogarse un salvoconducto jurídico para actuar unilateralmente en territorio extranjero, mediante operaciones coercitivas o de carácter extraterritorial”.

Señala también que América Latina rechaza esas prácticas, desde el bloqueo naval a Venezuela de 1902 por potencias europeas, que dio lugar a la doctrina Drago según la cual la fuerza, “la coerción económica o la intervención directa no son medios legítimos de cobro, castigo o imposición de conductas entre Estados soberanos”.

De otro lado, la declaración de las asociaciones dedicadas al derecho internacional advierte que la normalización de acciones coercitivas unilaterales debilitan al Estado afectado y erosiona el sistema jurídico internacional.

También, prosigue, abre precedentes peligrosos para nuevas “intervenciones selectivas, hegemonías circunstanciales y prácticas incompatibles con el ideal civilizatorio que sustenta el Derecho Internacional desde la posguerra”.

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