El organismo determinó que los reclusos de esa prisión, ubicada en la ciudad de Guayaquil, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con sus derechos a la vida e integridad personal con riesgo de daño irreparable.

De acuerdo con la CIDH, los reos enfrentan hacinamiento, deficiencias estructurales, acceso insuficiente a atención médica, desnutrición, limitaciones en el suministro de agua potable y la propagación de enfermedades infectocontagiosas, particularmente tuberculosis.

La Comisión consideró que el elevado número de muertes, su incremento sostenido y la falta de información estatal desagregada sobre las causas, evidencian la necesidad de reforzar de manera urgente las medidas adoptadas.

En consecuencia, la Comisión solicitó a Ecuador que adopte acciones efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad personal de todas las personas privadas de libertad. Medios locales mencionaron que de enero a septiembre de 2025 se reportaron 564 fallecimientos en la Penitenciaría del Litoral, un centro que permanece bajo control militar desde el año 2024.

El Estado, por su parte, señaló que adoptó diversas medidas para atender la situación, como programas de control y tratamiento de la tuberculosis, habilitación de áreas de atención médica, entre otras, pero la CIDH lo consideró insuficiente.

Familiares de los internos y organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de acceso a atención sanitaria y problemas con la alimentación, con comida incluso entregada en estado de descomposición.

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