En una breve comparecencia, Redondo citó para mañana a los 128 diputados del legislativo a una sesión extraordinaria, con el propósito de dar a conocer un informe sobre presuntas anomalías atribuidas al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Explicó que en diciembre se ordenó a la Comisión Permanente del Congreso la elaboración de un análisis jurídico sobre los presuntos incumplimientos del CNE durante la reciente cita con las urnas.

Expuso que la sesión tendrá como punto central el mencionado documento, así como la toma de decisiones conforme al artículo 205 numeral siete de la Constitución de la República.

Dicho artículo faculta al Parlamento a realizar el escrutinio de los votos cuando el organismo rector de los comicios no lo hizo, situación que, según su criterio, ocurrió en los tres niveles electivos, lo cual impidió conocer con certeza los resultados finales, enfatizó.

El objetivo es garantizar la transparencia y el respeto a la soberanía popular mediante la revisión de las 19 mil 167 juntas receptoras de votos, para que el pueblo hondureño conozca realmente cómo se votó y quién ganó, resaltó Redondo.

Indicó que el pleno decidirá si se inicia este proceso constitucional, lo que permitiría revisar acta por acta y ratificar o impugnar a quienes se proclamaron ganadores, con el fin de fortalecer la gobernabilidad y la legitimidad democrática.

Redondo sustentó que Honduras atraviesa un momento histórico complejo, marcado por hechos internos y externos, y alertó que el país no puede ser un espectador frente A posibles injerencias ni ante lo ocurrido dentro del órgano electoral.

Aseveró que el voto de cada congresista quedará registrado para garantizar al pueblo hondureño que su voluntad será respetada: “Que hablen las urnas y se respete la Constitución de la República”, sentenció.

En una decisión polémica, el CNE emitió el pasado 30 de diciembre la declaratoria oficial de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 sin contabilizar la totalidad de las actas con inconsistencias e impugnaciones, presentadas por varios de los participantes en liza.

La controvertida resolución fue adoptada por dos de los tres miembros del ente y un magistrado suplente, ante la negativa del consejero propietario del oficialista Partido Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, a avalar una declaración que calificó de espuria.

Horas antes de la certificación de los comicios por sus colegas Ana Hall y Cossette López, representantes en el CNE de los derechistas partidos Liberal y Nacional, respectivamente, Ochoa advirtió que los resultados emitidos son nulos y carecen de toda validez legal.

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