Los equipos desactivados investigaban la corrupción en obras a cargo de empresas brasileñas, la corrupción judicial, la de funcionarios de varios gobiernos y las muertes de manifestantes durante las protestas sociales de diciembre de 2022 e inicios de 2023.

La decisión es objeto de múltiples críticas y fue tomada por el fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, uno de los investigados por el caso de corrupción de una red de magistrados, empresarios y otros personajes, por lo que fue separado y volvió recientemente al Ministerio Público,

“La lucha contra la corrupción y el crimen organizado es una política de Estado que debe trascender a cualquier gobierno de turno”, señaló el CAL, mientras las bancadas de derecha extrema contrarias a los grupos especiales clebraron la medida que afectaba a dirigentes políticos de esa tendencia y aplaudieron a Gálvez.

El colegio llamó al Ministerio Público a asegurar las indagaciones a cargo de los equipos especiales, de casos que considera de grave impacto social.

“La especialización alcanzada por estos equipos no es una concesión política, sino un activo institucional necesario para el correcto ejercicio de la acción penal”, agrega el comunicado.

Añade que las decisiones de la Fiscalía de la Nación deben fundamentarse en criterios de optimización y no en interpretaciones de carácter discrecional.

La fiscal Sandra Castro, que tenía a su cargo indagaciones sobre corrupción judicial en las que investigó a Gálvez, declaró que la medida, absurda e inaceptable, es una venganza contra quienes “han tenido la valentía de enfrentar a las élites corruptas”.

El fiscal de la Nación argumentó que su decisión se debe a que los equipos desactivados dedicaron mucho tiempo a las pesquisas y no eran eficientes y sostuvo que la Fiscalía ya no puede indagar más casos de altos funcionarios porque le ocupan demasiado tiempo.

Por su parte, el ex procurador anticorrupción José Ugaz cuestionó que, al ordenar la desactivación, Gálvez ha incurrido en un conflicto de interés, pues ha estado involucrado en investigaciones de uno de esos grupos y ha actuado solo por su animadversión contra los citados equipos.

Manifestó especial preocupación por la disolución del grupo dedicado a investigar casos de derechos humanos, que investigaba el caso de las 50 muertes durante las protestas contra el ascenso de Dina Boluarte a la Presidencia.

El mismo equipo investigaba las muertes de manifestantes que obligaron a renunciar al jefe interino de Estado Manuel Merino, quien duró solo cinco días en el cargo, en noviembre de 2020.

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