La iniciativa fue adoptada por ocho votos a favor y una abstención y ahora deberá continuar su trámite legislativo.

En esencia, el proyecto apunta a que el Estado tenga la obligación permanente de trabajar por el hallazgo de las más de mil 100 personas aún con paradero desconocido.

El Plan Nacional de Búsqueda fue aprobado en 2023 sobre la base de un decreto administrativo, lo cual lo deja expuesto a eventuales modificaciones o retrocesos ante cambios de gobierno.

De acuerdo con la diputada Lorena Fries, autora de la iniciativa, el objetivo del proyecto legislativo es proteger el plan de los vaivenes políticos y evitar que se afecte la obligación del Estado de esclarecer los crímenes de la desaparición forzada.

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