La vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, informó que una magistrada rechazó el pedido al considerar que no hubo afectación de derechos durante el levantamiento.
“La jueza resuelve que no hay daño o afectación a los derechos por tanto se clausuró la audiencia. Con esta decisión se tapa la verdad”, afirmó Castañeda en entrevista con una radio local.
La Conaie solicitó el listado del personal que intervino en los operativos, los informes con las órdenes impartidas, los reportes de uso de armas letales y no letales y la cadena de custodia de toda la documentación relacionada.
“Aquí los ecuatorianos deben saber la verdad de los hechos”, sostuvo Castañeda, al insistir en la necesidad de transparentar lo ocurrido durante las movilizaciones.
Según la organización indígena, durante los operativos desplegados en Cotacachi y Otavalo, provincia de Imbabura, fallecieron Efraín Fuérez y José Alberto Guamán, mientras que Rosa Paqui murió como consecuencia de los gases lacrimógenos.
La cuarta víctima mortal del paro fue Edison David Farinango, quien perdió la vida en diciembre tras permanecer hospitalizado durante dos meses debido al impacto de bombas lacrimógenas durante las protestas de septiembre y octubre.
Castañeda señaló que el fallo judicial contradice el artículo 91 de la Constitución ecuatoriana, que establece la obligación de entregar información incluso si es reservada cuando existen vulneraciones de derechos.
El pedido de información fue dirigido a instituciones como la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los ministerios del Interior y Defensa, la Procuraduría General del Estado y la Presidencia de la República.
El abogado Washington Andrade, representante legal de la Conaie, indicó que la documentación solicitada es clave para avanzar en investigaciones por posibles ejecuciones extrajudiciales, tanto en instancias nacionales como internacionales.
El movimiento indígena lideró un paro nacional de 31 días, entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, contra medidas económicas del gobierno de Daniel Noboa, con protestas y bloqueos principalmente en la provincia de Imbabura.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó 391 violaciones de derechos durante las movilizaciones, asociadas principalmente al uso abusivo de la fuerza estatal contra manifestantes y población civil.
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