La directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, advirtió que la presencia militar en espacios civiles carece de justificación y representa un riesgo directo para los derechos constitucionales de la ciudadanía.

Desde agosto de 2025 se ha observado un aumento sostenido de la presencia militar estadounidense en las costas y el espacio aéreo del archipiélago puertorriqueño, situación que ahora se extiende a las vías públicas.

“El patrón de aumento de la presencia militar evidencia una remilitarización sin precedentes, que ha convertido todo el territorio en una base militar flotante”, afirmó la abogada al considerar que no existe razón que justifique la presencia militar en espacios civiles, desde las vías principales, hasta las plazas y cualquier otro espacio público.

La organización que representa hace un llamamiento urgente a la ciudadanía a “no normalizar” la presencia de soldados, vehículos militares y material de guerra en áreas de uso civil, a la vez que alertó sobre los peligros que implica la militarización de este país, bajo el dominio colonial de Washington desde hace 127 años.

“Puerto Rico ya vivió por décadas una presencia militar similar en Vieques y Culebra, experiencias que estuvieron marcadas por múltiples violaciones de derechos humanos y cuyos efectos aún persisten”, apuntó Martínez Orabona al referir que esto motivó una sólida movilización del pueblo para poner fin a las prácticas de la Armada estadounidense en las islas municipio y el cierre de la base naval de Roosevelt Roads, que ha vuelto a ser utilizada para agredir a la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo con la ACLU, la administración del presidente Donald Trump favorece la normalización de la policía militar como estrategia de control, una práctica que tiene como objetivo debilitar protecciones constitucionales fundamentales, particularmente la libertad de expresión.

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