La movilización recorrió las calles de la ciudad de la región de Puno y se desplazó hasta el aeropuerto, instalación en cuyas cercanías policías y militares dispararon contra civiles desarmados que asediaban la terminal.
Allí se realizó un mitin cuyos oradores coincidieron en condenar lo que consideran complicidad entre el Gobierno y el Parlamento que archivó una acusación constitucional contra Boluarte, varios de sus ministros y altos oficiales militares y policiales.
Condenaron la impunidad de esas autoridades a quienes consideran responsables de la matanza de un total de medio centenar de vidas segadas durante aquellas protestas.
En los actos de homenaje a los caídos el 9 de enero de 2023 participó la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, recientemente destituida por el Parlamento.
Espinoza denunció al fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, por haber desactivado los equipos especiales dedicados a casi emblemáticos como el de las masacre de Juliaca y afirmó que la medida busca, entre otros objetivos, la impunidad de los autores materiales e intelectuales de las muertes.
El abogado de la Asociación de Familiares de las Víctimas, César Quispe, dijo también que la desactvación de esos equipos atenta contra la demanda de la justicia supranacional que exige celeridad en la investigación de los casos de violación de derechos humanos como el de Juliaca.
La ex primera ministra Mirtha Vásquez se unió al clamor de la Asociación de Familiares -convocante de la marcha de hoy- contra el olvido y la impunidad y ratificó el compromiso de “luchar hasta que la justicia se haga una costumbre”.
En Lima, colectivos defensores de los derechos humanos se concentraron al anochecer frente al Palacio de Justicia para demandar sanción para los responsables y ejecutores de las muertes.
Aquel 9 de diciembre, militares y policías persiguieron a los manifestantes que se retiraban del aeropuerto de Juliaca ante los primeros disparos.
Según indagaciones preliminares, dispararon en forma indiscriminada, pues de los 18 caídos -todos por armas de fuego-, 11 eran transeúntes ajenos a la protesta, entre ellos un joven médico que atendía heridos.
oda/mrs
