En un comunicado anterior, la jueza Baloisa Marquínez, precisaba que optó por celebrar la audiencia en esta última fecha alterna, debido a que no lograban ubicar la dirección y notificar de la vista al expresidente Martinelli, algo que analistas estiman como algo insólito que pone a prueba la certeza de castigo por el mayor escándalo de corrupción en el país.
Según Marquínez, esa instancia no había recibido las asistencias judiciales requeridas a Brasil y Perú, en las que se solicitaba tomar declaración a varios testigos, según una nota oficial.
Hasta ahora, Marquínez fijó tres fechas distintas para el inicio del juicio de la constructora brasileña. Primero lo programó para el 15 de julio de 2024 (con fecha alterna el 16 de septiembre).
Luego lo reprogramó para el 12 de noviembre de 2024 (con fecha alterna el 20 de enero de 2025). Y, finalmente, lo dejó para el 11 de noviembre de 2025 (con fecha alterna el 12 de enero hasta el 13 de febrero de 2026).
En Panamá, Odebrecht pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios de alto rango e intermediarios, según revelaron las investigaciones judiciales.
El principal delito impugnado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la «División de Operaciones Estructuradas», un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.
El propósito de los sobornos era claro: obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.
Panamá es uno de los últimos países en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos de esa compañía que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.
La audiencia será transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Órgano Judicial, trascendió.
Con esta medida, se busca garantizar el principio de transparencia y el acceso público a la información, en un caso que ha generado amplio interés nacional por la magnitud de las investigaciones y la cantidad de personas imputadas.
Sin embargo, el abogado Basilio González, indicó que el proceso podría sufrir otro revés por la falta de sustento legal y disponibilidad de la jueza Marquínez, quien se encuentra ejerciendo funciones en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).
El doble rol de la jueza, designada por la expresidenta del Supremo, María Eugenia López, impediría que la audiencia se lleve a cabo porque no puede deslindarse de sus tareas dentro del SPA para retomar el caso Odebrecht a través del Sistema Inquisitivo.
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