El documento incluye además todas las incidencias presentadas y sus resoluciones, hasta los detalles sobre los cuáles el Ministerio Público ha armado su teoría del expediente por el delito de blanqueo de capitales, por el que aparecen implicados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela(2014-1019), entre una treintena de acusados.

Luego, tanto la defensa como los fiscales y abogados querellantes tendrán la oportunidad de presentar todos sus argumentos, y en resumen la jueza tomará finalmente una decisión.

Este caso inició en 2016, y en 2017 se creó la Fiscalía especializada que ahora lo lleva adelante.

Es tan antiguo que se lleva a cabo bajo el Sistema Penal Inquisitivo, que ha sido reemplazado por el Sistema Penal Acusatorio.

Los cargos iniciales eran por corrupción y blanqueo de capitales, pero los primeros ya prescribieron (aunque se siguen tomando en cuenta como posible delito precedente para el blanqueo de capitales).

Por otro lado, la pena por blanqueo de capitales es de entre cinco a 12 años de prisión, similar a la década que lleva este caso en la corte.

Se trata de un caso sumamente complejo, con más de dos mil 800 tomos. La jueza Baloisa Marquinez estimó que tomaría unas seis horas bajar físicamente el expediente a la sala de audiencia.

La misma letrada también fue asignada a otro caso, relacionado a la Operación Fisher y el narcotráfico, que deberá evaluar de forma paralela e independiente, una decisión que impugna la defensa.

La víspera, la audiencia tuvo un simbólico arranque cuando unos 23 imputados se declararon inocentes.

Uno a uno, los acusados respondieron lo mismo: no reconocen responsabilidad penal por los hechos que les atribuye el Ministerio Público.

A todos los procesados se les imputó formalmente haber infringido las disposiciones del capítulo cuarto, título séptimo, del libro segundo del Código Penal, que tipifica los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Lo ocurrido en la jornada, según abogados y analistas, no es un juicio de fondo, sino una etapa formal del procedimiento penal: la ratificación del llamamiento a juicio dictado en 2022.

Esta investigación se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.

En Panamá Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el istmo.

Para los analistas, el inicio del juicio Odebrecht coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma.

El escándalo de corrupción de la constructora brasileña dejó condenas firmes en varias naciones de la región, luego de complejas investigaciones que documentaron el pago de alrededor de 788 millones de dólares en sobornos distribuidos en al menos 12 países de América Latina.

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