El propio director de la entidad, Dino Mon, presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraude millonario en el otorgamiento de pensiones, tras detectar irregularidades en al menos 52 casos.

Mon indicó que la denuncia fue interpuesta luego de varias auditorías internas y revisiones realizadas con apoyo de la Contraloría General de la República.

Los presuntos delitos son contra el orden económico, la seguridad informática, así como peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otras calificaciones que puedan surgir del proceso investigativo.

El funcionario agregó que durante el proceso de verificación se detectaron alteraciones en los registros de cuotas obrero-patronales dentro del sistema de pago de pensiones, las cuales no corresponden a simples errores administrativos, sino que evidencian un patrón sistemático de fraude dentro de la institución.

Además indicó que estas irregularidades se venían analizando desde administraciones anteriores, aunque sin resultados concluyentes. Añadió que la actual administración reforzó los controles internos y los sistemas de verificación, lo que permitió identificar los patrones irregulares.

Entre las anomalías detectadas figuran el uso de cuotas de personas fallecidas, registros de personas ya pensionadas que continuaban laborando y alteraciones de datos para simular el cumplimiento de cuotas mínimas o incrementar el monto de las pensiones otorgadas.

Presuntamente, estas maniobras se habrían realizado «en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos», según el informe.

La CSS indicó que solicitó formalmente al Ministerio Público la realización de peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales o pasados y de terceros beneficiados, así como la adopción de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.

Una norma sobre reformas a la CSS (Ley 462), sancionada el año pasado, encontró el rechazo de la población en diversas manifestaciones, al considerarla perversa por favorecer a los bancos y aumentar implícitamente la edad de jubilación, aunque las autoridades defienden que busca la sostenibilidad, mantiene la edad actual y fortalece el sistema de seguridad social.

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