El titular de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta de la red social X que, además de las pesquisas sobre la denuncia realizada por el funcionario, se le brindará protección.
“Le reiteré el respaldo y nuestra total disposición. Para este propósito, presidí una Junta de Inteligencia Conjunta en la que se impartieron lineamientos claros orientados a apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad del ministro de Justicia”, apuntó Sánchez.
Añadió que también se comunicó con la Fiscalía, la Procuraría y la Contraloría para poner a disposición de esos organismos toda la información y capacidades institucionales necesarias, con el fin de facilitar el curso de las indagaciones y permitir el pronto esclarecimiento de los hechos.
Por otra parte, detalló que los organismos de inteligencia y contrainteligencia actúan estrictamente conforme al marco legal vigente, en especial la Ley Estatutaria 1621 de 2013, el Decreto 1070 de 2015 y la Sentencia C-540 de 2015, bajo controles internos y externos que garantizan el respeto de las garantías constitucionales.
“Estos organismos no tienen autorización legal para realizar interceptaciones de comunicaciones, facultad exclusiva de las autoridades con función de Policía Judicial. Confiamos plenamente en las instituciones del Estado y en que la verdad se establecerá con objetividad y prontitud”, acotó.
Más temprano durante esta jornada, Idárraga comunicó en su cuenta de la red X que un informe forense confirmó que el software Pegasus fue usado ilegalmente para espiarlo a él y a su familia.
“La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, alegó.
Refirió el titular de Justicia que el propósito era armar una campaña de desprestigio en su contra por la información que recibía sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares.
“Entre agosto y noviembre de 2025, extrajeron información privada de mi celular, (2,3 gigas) incluyendo denuncias de corrupción y mis fuentes. Se registraron más de ocho mil 700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono”, expuso.
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