Ese centro de privación de libertad, ubicado en la provincia de Guayaquil, está bajo control de las Fuerzas Armadas desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno y ubicó a los militares al frente de las prisiones.

El Ministerio de Defensa informó este miércoles que Loffredo verificó el refuerzo de las medidas de seguridad implementadas en los pabellones, que han sido escenario de motines y masacres.

“Durante la inspección se constató el despliegue de las Fuerzas Armadas y se definieron nuevas acciones estratégicas orientadas a fortalecer el control, prevenir actividades delictivas y debilitar a las estructuras criminales que operan desde los centros de rehabilitación social”, señaló la cartera en la red social X.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, este año 592 detenidos en esa Penitenciaría fallecieron por tuberculosis o desnutrición, cifra que supera los 567 reclusos asesinados en las masacres carcelarias en el nivel nacional entre 2021 y 2024.

El ministro del Interior, John Reimberg, reconoció en diciembre pasado que existe un problema sanitario en esa cárcel, “pero estamos trabajando con todas las herramientas posibles”.

Familiares de personas privadas de libertad denunciaron en diciembre pasado ante la Asamblea Nacional que la militarización carcelaria a raíz del decreto de conflicto armado interno de Noboa ha sido cruel y exigieron al Estado cumplir la Constitución y los derechos humanos de los reclusos.

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