En declaraciones difundidas por la televisión estatal Al-Ikhbariya, como extractos de una entrevista concedida al canal Shams TV, cercano al Kurdistán iraquí, el mandatario exigió una postura clara de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) respecto al acuerdo firmado el 10 de marzo de 2024.

Criticó la ambigüedad y la falta de compromiso práctico de la dirigencia de las FDS, encabezada por Mazloum Abdi, lo que, según señaló, obstaculiza la implementación del acuerdo.

Al-Shara aseguró que el Estado sirio extendió la mano al diálogo y presentó propuestas concretas para integrar al componente kurdo en las instituciones estatales, sin recibir hasta el momento una respuesta tangible. Denunció además maniobras políticas y dilaciones por parte de esa fuerza político-militar.

El presidente reveló que fue él quien impulsó la inclusión de una cláusula que garantiza explícitamente los derechos del pueblo kurdo en la Constitución siria, subrayando que dicha disposición respondió a una convicción personal y no a presiones externas.

Recalcó que esos derechos “no se otorgan como un favor político, sino que constituyen un derecho nacional”.

Asimismo, precisó que el acuerdo del 10 de marzo no contempla el federalismo ni la autoadministración, y se basa en la unidad del Estado sirio y el respeto a la ley.

Señaló que cualquier modelo administrativo debe debatirse en el parlamento y contar con respaldo popular, y rechazó su imposición mediante la fuerza armada.

El jefe de Estado acusó a las FDS de recibir directrices externas, lo que limita su capacidad de decisión y dificulta el entendimiento con Damasco. No obstante, distinguió entre los kurdos como parte integral del pueblo sirio y las FDS como una entidad político-militar con agenda propia.

Afirmó haber ofrecido a las FDS participación en el parlamento, integración en el ejército y contribución en la redacción de nuevas leyes, y destacó que por primera vez se mantiene un diálogo oficial directo con representantes kurdos a nivel nacional.

Finalmente, reiteró que la puerta al diálogo permanece abierta y que el gobierno no se ha retirado del acuerdo del 10 de marzo, al expresar su esperanza de evitar un nuevo derramamiento de sangre y alcanzar la paz bajo un Estado unificado y el imperio de la ley.

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