Aunque el fallo obliga a la firma a resarcir económicamente a las víctimas, los afectados aseguraron este jueves en rueda de prensa que no se ha cumplido con la reparación ordenada y, además, tienen obstáculos para acceder a empleo en otras compañías.

Furukawa, entidad con capital japonés, se estableció en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas en 1963 y se dedica al cultivo y procesamiento de abacá, planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, utilizadas en la fabricación de papel.

Emilio Cañizares, quien trabajó por 33 años en esas plantaciones con su esposa y sus cinco hijos, dijo que nunca supo de los derechos laborales a los que podía acceder y actualmente vive en extrema pobreza, a la espera de que la empresa cumpla con el fallo judicial.

Un caso similar es el de Tonio Rodríguez, que laboró 22 años para el grupo abacalero condenado por esclavitud moderna y en el 2020 le picó una serpiente, lo cual le provocó la amputación de la pierna y en estos momentos no tiene cómo pagar un tratamiento para su hija enferma.

Otro de los testimonios expuestos a los medios de comunicación fue el de Javier Castillo, que nació en Furukawa y trabajó en las fincas de Furukawa, sin salario básico, sin seguridad social, sin acceso a la salud.

Contó que tras la demanda que realizaron hace seis años, no tiene empleo debido a la estigmatización a la que han sido sometidos por exigir sus derechos.

“Es una herida abierta de la responsabilidad del Estado con los trabajadores ecuatorianos y es ejemplo del panorama laboral del país”, expresó Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores.

El sindicalista advirtió que este tipo de casos de escalvitud moderna se está replicando en otras empresas que abusan de la necesidad de los ciudadanos ante la precarización y la falta de oportunidades.

Bedoya lamentó que no se haga respetar la orden de la Corte Constitucional, que hace un año falló contra Furukawa Plantaciones C.A. en un dictamen que reconoció graves violaciones de derechos humanos, como trabajo forzoso, servidumbre, trabajo infantil y falta de acceso a vivienda, salud y educación.

Aunque el tribunal ordenó reparaciones integrales para 342 víctimas, la compañía rechazó la sentencia, mientras continúa operando y exportando abacá.

Expertos de la ONU expresaron su preocupación por que el Estado ecuatoriano no haya tomado medidas efectivas ni garantizado reparaciones materiales, como dictó la Corte, lo que crea un entorno peligroso para los supervivientes y los defensores de los derechos humanos.

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