La organización aprovechó el llamamiento para rechazar “de manera categórica la ofensiva del empresariado y gremios económicos cicateros, la oligarquía más regresiva y el uribismo” (en referencia al expresidente Álvaro Uribe), que pretende tumbar la medida que, por medio de un decreto presidencial, fue del 23,7 por ciento.
“Esta arremetida no es jurídica ni técnica: es política y de clase, dirigida contra un avance histórico que fortalece el ingreso real de la clase trabajadora”, expuso en su planteamiento.
Manifestó el Comando que el decreto responde al artículo 53 de la Constitución, que consagra el salario mínimo vital y móvil como principio, lo cual fue sistemáticamente negado por los gobiernos al servicio de las élites.
Por otra parte, alegó que no existe evidencia seria que pruebe que los aumentos de la remuneración destruyan empleo, sino que, por el contrario, fortalecen el mercado interno y dinamizan la economía.
“Tampoco es cierto que el aumento del salario mínimo sea el detonante de la inflación. En Colombia, el incremento de precios ha estado impulsado principalmente por decisiones empresariales y por la inflación de los productores”, añadió.
Ahondó que el problema no es el monto pagado a los empleados, sino un modelo con su sistema económico que permite la especulación y protege las ganancias del capital a costa del ingreso popular.
“Defender el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro es defender la Constitución, la democracia social y el derecho del pueblo trabajador a vivir con dignidad. No permitiremos retrocesos: este logro se defenderá en el plano político, jurídico y con la más amplia movilización social. No pasarán”, enfatizó el documento.
La asociación llamó entonces a la clase trabajadora y demás sectores populares a defender en la calle el decreto del incremento del salario mínimo con la realización de una amplia concentración frente a los Palacios de Justicia en todo el país desde las 10:00 (hora local), el próximo miércoles 28 de enero del 2026.
Actualmente el Consejo de Estado de Colombia analiza una demanda que pide tumbar el alza.
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