“Como si necesitaran más acciones para demostrar el desprecio por las vidas de las mujeres, los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) pretenden enmendar el Código Penal para considerar asesinato el aborto en cualquier etapa de gestación”, estableció la organización.

En ese aspecto agregó que “decir que nos criminalizan es poco: con este proyecto nos asesinan; nunca dudamos que esta era la intención de esta administración” de la gobernadora Jenniffer González.

La organización, que se caracteriza por su lucha a favor de los derechos de las personas en Puerto Rico, anotó que los legisladores del PNP, apropiándose de la indignación del pueblo y del duelo colectivo ante el feminicidio de Keyshla Rodríguez —quien estaba embarazada al momento de ser asesinada en abril de 2021 por el boxeador olímpico Félix Verdejo—, aprobaron la Ley 166-2025 para que se considerara asesinato la muerte de un concebido como resultado del asesinato de la persona gestante.

La Colectiva Feminista estableció que, al reconocerle como víctima por sí misma, los legisladores del PNP abrieron la puerta a la enmienda del Código Civil mediante la Ley 183-2025, que reconoce como persona natural al concebido.

“Esta cadena de decisiones, aprobadas contra todo razonamiento legal, ético, médico y de derechos humanos, nos trajo hasta aquí: a la propuesta de tratarnos como asesinas por ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos”, expresó la organización feminista.

Indicó que el Proyecto del Senado 923 busca ahora culminar ese plan, al proponer enmendar el Artículo 92 del Código Penal para definir como “ser humano” al concebido en cualquier etapa de gestación, altera de forma peligrosa el concepto de asesinato, que hoy se define como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”.

Esta redefinición, estableció la Colectiva Femenina, no es neutral ni inocua: es una estrategia punitiva que permitiría procesar penalmente a personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo —ya sea por voluntad propia o por recomendación médica— y criminalizar a quienes proveen servicios de salud reproductiva.

“No hay ambigüedad posible: este proyecto equivale a la ilegalización de facto del aborto en todas sus causales y en cualquier etapa de la gestación”, remató la Colectiva Feminista en Construcción.

Afirmó que instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre Derechos Humanos han sido claros: otorgar personalidad jurídica absoluta al concebido pone en riesgo los derechos a la vida, la salud, la dignidad, la autonomía y la integridad corporal de las mujeres y personas gestantes.

“El Estado no puede priorizar una entidad gestacional sobre la persona viva que gesta sin violar principios básicos de proporcionalidad, igualdad y debido proceso”, agregó la Colectiva Feminista en Construcción al subrayar que este proyecto no protege la vida, sino que instrumentaliza el derecho penal para imponer una visión moral particular sobre la gestación, ignorando las realidades materiales, sociales y económicas que enfrentan mujeres pobres, jóvenes, racializadas, migrantes y sobrevivientes de violencia.

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