Este acápite de la Carta Magna permite la adopción de normas sin el voto parlamentario, una suerte de camisa de fuerza legal a los ojos de la oposición, empleada por los primeros ministros para aprobar la Ley de Financiación del Estado desde que el oficialismo perdiera la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las elecciones del 2022.
Sin embargo, Sébastien Lecornu llegó en septiembre pasado a Matignon con la promesa de no usar el 49.3, en aras de privilegiar el debate e intentar calmar las tensiones políticas.
Su postura pareció lógica y con tono conciliador, ya que la oposición venía de derrocar al primer ministro François Bayrou, a quien la Asamblea le negó la confianza a principios de septiembre, la misma suerte corrida en diciembre del 2024 por Michel Barnier, aunque este fue derribado por una moción de censura en la cámara baja.
Pese a la falta de acuerdo el mes pasado para adoptar el presupuesto del Estado, a diferencia del correspondiente a la Seguridad Social, que si pasó el filtro parlamentario, el Gobierno insistió en su postura de no apelar al polémico artículo, con la esperanza de conseguir un compromiso en enero.
Según el entorno del primer ministro, citado por medios como la cadena BFM TV, ante las escasas probabilidades de lograr la Ley de Financiación mediante el voto, Lecornu estaría considerando acudir a la vía rápida.
Esto en la práctica se traduciría en activar del 49.3 o en esgrimir la potestad de imponer el presupuesto por orden, una prerrogativa también plasmada en la Constitución francesa de 1958, en su artículo 47.
El problema es que la vía rápida casi seguro se traduciría en la presentación de nuevas mociones de censura para tratar de derribar al primer ministro, en particular de parte de La Francia Insumisa (LFI) y de Agrupación Nacional (RN), dos de los partidos más poderosos del país.
Esta semana la Asamblea Nacional rechazó intentos de ambas organizaciones de hacer caer al Gobierno bajo críticas por su incapacidad de frenar la aprobación en Europa del acuerdo de libre comercio con el Mercosur.
La moción de la izquierdista LFI quedó corta por apenas 32 diputados, la apoyaron 256 de los 288 requeridos, mientras que la de RN, partido identificado con la extrema derecha, recibió solo 142 votos a favor.
El Partido Socialista (PS) fue una vez más la tabla salvadora de Lecornu, quien hizo concesiones a esa fuerza, en particular la suspensión hasta enero del 2028 de la reforma de la jubilación.
Ayer, el diputado socialista Romain Eskenazi abrió la puerta a aceptar el uso del 49.3, si este garantiza un presupuesto del Estado 2026 con “los avances sociales y ecológicos” negociados con el Gobierno.
Tal vez esta postura del PS, también expresada desde la derecha, representa la señal que el primer ministro necesitaba para cambiar de parecer y dotar a Francia por la vía rápida de la Ley de Financiación del Estado, aunque ello desate la ira de un sector de la oposición, sobre todo de los insumisos y de los seguidores de Marine Le Pen.
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