En una declaración publicada aquí, advierten las organizaciones sociales que la posible decisión de José Antonio Kast de designar a Fernando Rabat al frente de esa cartera constituye una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y sus familiares.
El señor Rabat integra el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, creado por Pablo Rodríguez Grez, líder y fundador de la organización terrorista Patria y Libertad.
Ese grupo es responsable, entre otros crímenes, del asesinato del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider.
Asimismo, en su calidad de integrante de este estudio, Rabat fue parte del equipo jurídico encargado de representar al dictador, recuerda el texto.
Resulta inaceptable que un abogado que defendió a Pinochet,
responsable de instaurar una sanguinaria dictadura civil-militar (1973-1990), pueda encabezar una cartera encargada de velar por la justicia y los derechos humanos, advierten las agrupaciones.
Recordaron que ese régimen se sostuvo mediante la aplicación sistemática del terrorismo de Estado, que significó persecución política, exilio, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y las desapariciones forzadas de miles de personas, incluidos niños y adolescentes.
La declaración, firmada por unas 15 agrupaciones, señala que si Kast designa a Rabat estaría reafirmando una trayectoria de apología de la dictadura y un compromiso con la impunidad, expresado reiteradamente en su discurso al promover la liberación de condenados por crímenes de lesa humanidad.
Dentro de los firmantes figuran las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena, Chillán, Linares, Mulchén y Parral.
También rubricaron el texto la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Talca, Iquique, Pisagua, Atacama, Valparaíso, Osorno y Antofagasta.
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