En declaraciones a la prensa, el líder del bloque opositor cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y acusó al Gobierno de influir en la Fiscalía y también en la Asamblea Nacional (Parlamento), en el marco de denuncias relacionadas con casos de narcotráfico.
González se refirió a las 2,3 toneladas de droga que, según dijo, salieron de la empresa Blasti S.A., administrada por personas cercanas a la familia presidencial.
Explicó que el 27 de marzo de 2025 fue detenido el contenedor en el puerto de DP World–Posorja y tras la trazabilidad del cargamento, se evidenció que habría salido de las instalaciones de Blasti, donde aprehendieron a varias personas que actualmente se encuentran en libertad, pese a la magnitud del cargamento incautado.
Añadió que lo más grave del caso es que el gerente de Blasti sería Álvaro Ignacio Guivernau Becker, esposo de Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y que la presidenta de la empresa es Silka Sánchez, conocida por su cercanía con el entorno de la familia Noboa.
Tras exponer esos argumentos, el legislador sostuvo que tanto la Asamblea como el sistema judicial están dominados por el Ejecutivo, lo que, a su criterio, rompe la institucionalidad.
Advirtió que la ciudadanía debe conocer quiénes estarían realmente involucrados en casos de narcotráfico y en presuntos autoatentados en el país.
“La justicia en Ecuador está patas arriba”, insistió González al justificar el juicio político que avanza en el Legislativo contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, entidad encargada de la administración del sector judicial, aunque no dicta sentencias.
El asambleísta de la RC lamentó que procesos de alto perfil, que involucran al círculo cercano al presidente Daniel Noboa, no han tenido resultados.
Entre ellos mencionó los casos Cachorro, Hacienda San Luis, la compra de medios de comunicación como La Posta y Gala Medios, los supuestos 70 millones de dólares que la familia Noboa adeudaba al Servicio de Rentas Internas y el denominado caso Porsche.
Todo eso, en su opinión, evidencia una justicia “de cabeza” y la necesidad de seguir fiscalizando.
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