La intervención del mandatario desde su sede, el Palacio de Matignon, genera expectación, sobre todo después de que el Gobierno admitiera la imposibilidad de llegar a la Ley de Financiación del Estado para el año en curso mediante el voto parlamentario, a partir de la crisis política y la polarización imperantes en suelo galo.

Si bien Lecornu asume el desafío de buscar alternativas al voto en la Asamblea Nacional, no ha dicho aún que acudirá a la vía rápida para aprobar un presupuesto que no pudo materializarse en diciembre, lo cual obligó a aprobar una Ley Especial que garantice el funcionamiento básico del Estado mientras tanto.

La vía rápida consiste en la aplicación o del artículo 49.3 de la Constitución, que permite pasar normas sin el voto parlamentario, o del 47, consistente en la prerrogativa de imponerlas por orden, ambos recursos cuestionados por la oposición.

El 49.3 fue esgrimido por primeros ministros previos, desde que el oficialismo perdió la mayoría absoluta en la cámara baja en el 2022, mientras que el hecho de pasar un presupuesto por orden carece de antecedentes.

Consciente de que adoptar por la fuerza la Ley de Financiación del Estado desencadenará nuevas mociones de censura, como las que esta semana rechazó la Asamblea, Lecornu intentará esta noche promover el compromiso o convencer a algunos partidos, en particular al Socialista, de que podría no existir otro camino que el 49.3.

Hasta ahora los socialistas han sido su tabla salvadora, al no acompañar los diversos intentos de derrocar al primer ministro en los últimos meses, realizados por La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional (RN).

En septiembre, Lecornu propuso a la oposición no acudir al 49.3 como gesto de buena voluntad tras el derrocamiento de sus predecesores François Bayrou y Michel Barnier.

Sin embargo, la hipótesis de la vía rápida cobra fuerza y parece, según los analistas, inevitable para lograr un presupuesto lo antes posible, aunque resulta poco probable que se cumpla la meta gubernamental de alcanzarlo en enero.

El Gobierno suspendió hoy hasta el martes los debates sobre su proyecto, tras acusar de sabotearlo a LFI y RN, partidos influyentes que no ocultan sus intenciones de derribar al primer ministro y de conseguir elecciones anticipadas.

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