La víspera, la jueza a cargo, Baloisa Marquínez, decretó un receso hasta el miércoles próximo para que los representantes de unos 23 acusados terminen de evaluar las evidencias presentadas por el Ministerio Público.

En este proceso, ahora por el delito de blanqueo de capitales aparecen imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), ahora asilado en Colombia; y Juan Carlos Varela (2014-2019), aunque este al igual que los dos hijos de Martinelli por ser diputados del Parlamento Centroamericano deben comparecer solo ante la Corte Suprema de Justicia.

Sobre este asunto, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo dijo a la prensa que el Estado panameño ha recuperado más de 84 millones de dólares, que eran parte de los sobornos de la constructora brasileña para apropiarse de contratos con el Estado.

De los más de 84 millones de dólares recuperados, un total de 70 millones de dólares son los que han pagado la empresa por la multa que le fue impuesta, indicó.

Además, alrededor de 10.3 millones de dólares fueron recuperados luego de los acuerdos de arreglo de pena con algunos de los imputados, precisó la letrada.

Morcillo detalló que hasta la fecha han localizado e incautado varias cuentas bancarias de los involucrados en el extranjero, en las que resguardaban el cobro de sobornos de la compañía.

Durante la explicación sobre esas pruebas, Morcillo detalló a los medios de comunicación que esa documentación (10 mil 939 páginas) fue obtenida mediante la asistencia judiciales internacionales, entre ellos Estados Unidos y Perú.

Esta investigación se abrió en 2015, luego archivada y reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.

En Panamá Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el istmo.

El principal delito investigado es ahora contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la «División de Operaciones Estructuradas», un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.

El propósito de los sobornos era claro: obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.

Panamá es uno de los últimos países en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos de esa compañía que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.

Para varios analistas, el inicio del juicio Odebrecht coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma.

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