El análisis, que abarca el período comprendido entre 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025, será expuesto el próximo viernes ante el referido órgano de Naciones Unidas por el representante especial del secretario general en territorio neogranadino, Miroslav Jenča,
El reporte anterior, difundido en octubre del pasado año, insistió en la necesidad de garantizar que el país mantenga los avances logrados en su camino hacia una nación más pacífica y segura, y abogó a favor del fortalecimiento de la presencia del Estado, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto.
Adicionalmente, pidió garantizar la seguridad adecuada para el desarrollo seguro de las próximas elecciones como un paso fundamental para la democracia colombiana y en particular para consolidar los avances logrados en el Acuerdo Final de Paz, con el fin de ampliar la participación electoral en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.
Reconoció igualmente la emisión de las primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un momento crucial en la implementación del Acuerdo, y por medio de las cuales las partes involucradas se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos durante décadas, según remarcó.
“La consolidación de este legado histórico requerirá de visión por parte de la sociedad colombiana en su conjunto, con el fin de garantizar que el país evite repetir ciclos de violencia del pasado”, resaltó en el informe anterior el secretario general, António Guterres.
Apuntó igualmente que, desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión verificó el asesinato de un total de 481 excombatientes (entre ellos 11 mujeres, 63 indígenas y 58 afrocolombianos), además de 164 intentos de homicidio (17 mujeres) y 57 desapariciones.
Por otra parte, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre el 27 de junio y el 2 de septiembre, ocho mil 700 personas se vieron afectadas por desplazamientos forzados y 41 mil 800 por confinamientos en 30 municipios de 10 departamentos.
El secretario general destacó asimismo los avances en materia de reforma rural, que benefician a campesinos, mujeres y comunidades étnicas, así como en el progreso hacia una mayor seguridad jurídica sobre los terrenos.
“Con el progreso en la adjudicación y formalización de tierras durante el período se alcanza un porcentaje cercano al nueve por ciento del objetivo de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas fijada en el Acuerdo de Paz; y casi la mitad del objetivo de siete millones de hectáreas formalizadas”, señaló el reporte.
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