En esa situación sobresalen el expresidente Juan Carlos Varela ( 2014-2019), los hermanos Luis y Ricardo Martinelli Linares, y el exministro de Obras Pública Jaime Ford, , integrantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), condición que los excluye de la audiencia que se retoma mañana.

Para atender el caso corresponderá a Maribel Cornejo ser la magistrada fiscal, y a María Eugenia López actuar como sustanciadora y ya se están recibiendo pruebas y resolviendo incidentes, trascendió.

Este recurso ha hecho que históricamente políticos panameños que buscan dilatar los procesos judiciales ingresen a este legislativo regional.

Para la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se trata de un asunto legal pero que termina siendo completamente inmoral.

“A todas luces son personas que no estaban buscando servir a su comunidad a partir de una elección popular, sino que se arroparon con el proceso del sistema electoral para precisamente poder calificar para un juicio especial que no tiene los mismos términos “, precisó Gómez en declaraciones al diario La Estrella de Panamá.

Al pasar a manos de la CSJ, los procesos se suelen alargar ya que la Corte no tiene un tiempo definido para fallar.

“¿Cuándo la Corte Suprema de Justicia se va a dar cuenta que en muchos casos la gente está apostando a la dilación de los procesos o a caer en manos de ellos por la posibilidad de evadir la justicia?”, se cuestionó la experta.

“Realmente lo que necesitamos son mecanismos que cierren los espacios de impunidad y no unos que los abran más”, remarcó.

Cambiar el sistema es una tarea difícil, ya que tendría que pasar por la Asamblea Nacional (parlamento) cualquier proyecto de modificación al Código Penal. Es decir, los propios diputados que se benefician del sistema actual tendrían que votar para cambiarlo, estiman analistas.

Esta investigación se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.

En Panamá Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el istmo.

El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la «División de Operaciones Estructuradas», un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.

El propósito de los sobornos era claro: obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.

Panamá es uno de los últimos países en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos de esa compañía que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.

Para varios analistas, el inicio del juicio Odebrecht coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma.

El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht dejó condenas judiciales firmes en varias naciones de la región, luego de complejas investigaciones que documentaron el pago de alrededor de 788 millones de dólares en sobornos distribuidos en al menos 12 países de América Latina.

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