En las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), el ministro de esa cartera de Interior, Marco Antonio Villeda, afirmó que esta muerte, como la de los otros uniformados, no quedaría impune.

“Esto no es una simple frase, es una obligación del Estado, se investigará, identificarán los responsables, impulsaremos la persecución penal que corresponde conforme con la Ley”, aseguró el titular ante otras autoridades del organismo, miembros de este y familiares de la víctima.

Porque el Ejecutivo, sobre todo, no puede permitir que se normalicen en nuestra sociedad estos ataques, subrayó Villega, en relación a la violencia suscitada el sábado 17 a partir de motines en tres cárceles y más el domingo con disparos a policías en las calles.

A nombre del Ministerio y de la PNC, acompañó a los presentes en el dolor, trasmitió el respaldo de ambas entidades e instruyó iniciar el proceso de condecoración del agente fallecido.

Villeda remarcó que este momento no es para rendirse, sino para ratificar el carácter de la institución con disciplina, unidad y fuerza.

El presidente chapín, Bernardo Arévalo, decretó en la tarde noche del domingo pasado Estado de Sitio por 30 días, para garantizar la seguridad y utilizar toda la fuerza contra las pandillas e impedir acciones.

Como resultado de las diligencias en diferentes sectores por desarticular las estructuras criminales, sobre todo Barrio 18 y Mara Salvatrucha, la PNC informó al menos 20 capturas, con decomiso de armamento, entre otros objetos.

Bajo fuertes medidas de seguridad, las autoridades trasladaron de prisiones esta mañana a tres miembros del primer grupo mencionado: Rudy Francisco Alfaro, alias “El Smurf”; Ángel Aroldo Cu, “El Inquieto”; y Marlon Alexander Ochoa, “El Bloqui”.

La PNC les señaló como presuntos responsables de coordinar ataques armados sistemáticos, mientras advirtió que el último es hermano del principal cabecilla, Aldo Dupie Ochoa, conocido como “El Lobo”, quien permanece en el centro de máxima seguridad Renovación I.

Las fuerzas de seguridad cerraron además áreas aledañas a sus sedes como medida de resguardo y suspendieron traslados de privados de libertad a juzgados.

Refiririeron otros operativos más amplios para neutralizar estructuras criminales que operan desde los centros carcelarios.

Analistas coincidieron en señalar que las pandillas en Guatemala no actúan solas, sino son un instrumento de grupos que buscan desestabilizar al Estado con el interés de frenar la renovación de cargos clave en el sistema de justicia.

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