Como un retroceso en la búsqueda de la verdad y justicia sobre ese oscuro período de la historia del país, o una provocación, fue calificada la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de incluir en su gabinete a esas dos personas.

Los letrados Fernando Rabat y Fernando Barros asumirán el 11 de marzo como titulares de las carteras de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa, respectivamente.

Rabat formó parte del estudio Rodríguez, Vergara y Compañía, que defendió a Pinochet en el caso por la Operación Colombo, durante la cual 119 personas fueron asesinadas por la policía del régimen.

El fundador de ese bufete fue el ya fallecido Pablo Rodríguez, líder de la organización paramilitar Patria y Libertad que perpetró actos violentos contra el gobierno del presidente Salvador Allende.

Mientras, Barros perteneció al estudio que representó al dictador cuando lo detuvieron en Londres, en 1998.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, señaló que estos nombramientos significan un retroceso enorme en el tema de los derechos humanos.

En declaraciones reproducidas por Radio Bío Bío, Flor Lazo, de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Paine, expresó su preocupación de que el nuevo ministro de Justicia ponga fin al Plan Nacional de Búsqueda.

Gracias a este proyecto, el Estado asume la responsabilidad de esclarecer las circunstancias de la desaparición y el destino de más de mil personas durante la dictadura civil y militar.

Los cuestionamientos también abarcan la designación de la evangélica Judith Marín en el Ministerio de la Mujer, debido a su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos de las diversidades sexuales.

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