La iniciativa fue defendida este miércoles en la sede del Legislativo por la vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, junto a la coordinadora de ADN, Valentina Centeno.

El proyecto plantea una reforma integral de 11 cuerpos legales, entre ellos el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal y normas vinculadas a educación, salud, cultura, deporte y seguridad pública.

Según el Ejecutivo, el objetivo es desarticular los mecanismos de reclutamiento criminal, proteger a los menores como sujetos plenos de derechos y sancionar con mayor severidad a los adultos que se benefician de su instrumentalización.

La propuesta incluye el aumento de penas y la ampliación de agravantes para los responsables de estos delitos.

Durante el acto de esta mañana, Pinto afirmó que la iniciativa legal “pone en el centro a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos” y subrayó que “esta ley mira a los niños no como cifras ni como casos, sino como personas en desarrollo, con sueños y talentos”.

Por su parte, el ministro Reimberg advirtió que el reclutamiento de menores “ya no es un hecho aislado o marginal”, sino una práctica sistemática, ya que las bandas criminales utilizan a la niñez “como un escudo legal, explotando su condición jurídica para evadir responsabilidades penales”.

La asambleísta Centeno señaló que la idea es endurecer las sanciones contra los adultos responsables y garantizar un tratamiento judicial especializado para los chicos involucrados.

El legislador Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana (oposición), declaró a la prensa local que “los niños y los jóvenes terminan siendo captados por estos grupos delictivos porque no hay inversión en educación”.

Luna afirmó que la protección de la niñez requiere mayor inversión pública en educación, salud y acceso a las universidades.

En ese sentido, cuestionó los recortes presupuestarios impulsados desde el Ejecutivo al considerar que la falta de oportunidades facilita el reclutamiento por parte de grupos criminales.

El proyecto deberá ser analizado por la Asamblea Nacional, que definirá su trámite y debate en las comisiones correspondientes.

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