En un comunicado, el portavoz presidencial, Nabil Abu Rudeina, condenó la operación ejecutada ayer contra la instalación ubicada en el barrio palestino de Sheikh Jarrah, en la zona ocupada de Jerusalén oriental. Tal ataque se enmarca en una política sistemática israelí de eliminar a la Unrwa y representa una clara violación de las leyes internacionales, afirmó.

Por su parte, la Cancillería expresó que el asalto es una violación de las obligaciones de Israel, como potencia ocupante, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, en particular con respecto a la protección de la propiedad pública y la garantía del funcionamiento sin trabas de los organismos humanitarios internacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados subrayó que ninguna legislación o decisión emitida por ese país tiene efecto legal sobre el estatus jurídico del organismo.

También el presidente del Consejo Nacional Palestino, Rouhi Fattouh, denunció el ataque al señalar que “constituye un precedente muy peligroso y representa una escalada organizada contra la existencia jurídica y política de la Unrwa”.

Recordó que esa agencia presta servicios de salud y educación a millones de palestinos tanto en los territorios ocupados como en naciones vecinas, entre ellas Jordania, Siria y Líbano.

La Red de ONG palestinas se sumó a la ola de críticas al estimar que la incursión forma “parte de los continuos intentos de desmantelar las operaciones de la agencia y eliminar el derecho al retorno de los refugiados”.

Mientras, la Organización para la Liberación de Palestina alertó sobre el flagrante y peligroso ataque porque constituye una grave violación del derecho internacional.

Israel comenzó una ofensiva contra la Unrwa en 2024, cuando aprobó dos leyes que le prohibía cualquier actividad en el país y en los territorios ocupados palestinos, lo cual provocó una ola de condenas globales.

La primera de ellas impidió las actividades de la Unrwa dentro de “áreas bajo soberanía israelí”, incluida la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, ocupada desde la guerra de 1967.

La prohibición se extendió a la operación de oficinas de representación y la prestación de servicios, mientras que la segunda ley impide cualquier contacto de las autoridades con el organismo.

También impuso obstáculos a la negociación de la agencia con bancos israelíes, la obtención de transferencias financieras y el pago de salarios.

En diciembre último, la Knesset (Parlamento) votó a favor de cortar la electricidad y el agua a las instalaciones propiedad u operadas por la Unrwa en Palestina.

La nueva normativa también permite al Gobierno confiscar “sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos” propiedades en Jerusalén Este que fueron arrendadas a la Unrwa.

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