El proceso por blanqueo de capitales, en el que aparecen involucrados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), ahora asilado en Colombia; y Juan Carlos Varela (2014-2019),continuará luego que el tribunal atendiera la necesidad de que las partes revisen un nuevo bloque de documentación incorporada al expediente, en su mayoría bajo formato digital.

La pausa fue ordenada por la jueza Baloisa Marquínez tras concluir la presentación de pruebas extraordinarias del Ministerio Público, según una nota oficial.

La medida se adoptó en una etapa todavía concentrada en la lectura del auto de llamamiento a juicio y en la introducción de elementos probatorios que no formaban parte del expediente original.

Según versiones periodísticas, tanto los abogados de la defensa como fiscales anunciaron la intención de sustentar sus posiciones con documentación adicional, lo que elevó la discusión sobre tiempos y acceso efectivo al material, un punto recurrente en procesos complejos con evidencia procedente de múltiples jurisdicciones.

En el proceso se juzga, en términos generales, la presunta comisión de delitos vinculados al blanqueo de capitales en perjuicio del Estado, asociados a pagos indebidos atribuidos a la constructora brasileña Odebrecht para asegurar contratos de obras públicas.

El juicio se instaló formalmente la pasada semana luego de años de investigaciones, incidentes y reprogramaciones.

En las primeras jornadas, la dinámica del tribunal se centró en la lectura del documento base del proceso, un auto de llamamiento a juicio de más de 400 páginas, además de la verificación de comparecencias y la definición del ritmo de trabajo: audiencias de lunes a jueves, con horarios extendidos y receso al mediodía.

La complejidad del expediente y la cantidad de imputados y defensas ha marcado el desarrollo de las sesiones, que han tenido interrupciones puntuales por solicitudes procesales.

La Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que cuenta con pruebas suficientes para sustentar la acusación, y ha venido explicando ante el tribunal el esquema financiero que, según su teoría del caso, permitió el flujo de fondos relacionados con sobornos y su posterior ocultamiento mediante estructuras societarias y movimientos bancarios.

El calendario y los tiempos de intervención de cada parte serán determinantes para un proceso que, por su extensión y número de elementos probatorios podría convertirse en uno de los más extensos del sistema penal en la nación centroamericana.

Esta investigación se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.

En Panamá Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el istmo.

El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la «División de Operaciones Estructuradas», un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.

El propósito de los sobornos era claro: obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.

Panamá es uno de los últimos países en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos de esa compañía que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.

Para varios analistas, el inicio del juicio Odebrecht coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma.

El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht dejó condenas judiciales firmes en varias naciones de la región, luego de complejas investigaciones que documentaron el pago de alrededor de 788 millones de dólares en sobornos distribuidos en al menos 12 países de América Latina.

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