Creado en 1991 para acoger a iraquíes desplazados, el campamento cambió radicalmente de función a partir de 2016, cuando comenzó a utilizarse como centro de detención para familias de presuntos miembros del grupo terrorista Daesh. Desde entonces, Al-Hol ha sido escenario de una prolongada crisis marcada por la ausencia de soluciones sostenibles.

De acuerdo con datos de Unicef, en 2025 el campamento albergaba a unas 29 mil personas, entre ellas alrededor de 18 mil niños, aunque en años anteriores la cifra fue considerablemente mayor.

La mayoría de los residentes son mujeres y menores, y en el recinto conviven personas de entre 40 y 60 nacionalidades, principalmente sirias e iraquíes.

Informes independientes y de organismos internacionales coinciden en que una proporción significativa de los detenidos no mantiene ninguna relación directa ni familiar con Daesh. No obstante, miles de personas han permanecido privadas de libertad durante años, sin cargos formales ni procesos judiciales, en condiciones que Naciones Unidas ha calificado de degradantes e inhumanas.

Las condiciones de vida en Al-Hol son extremadamente precarias: hacinamiento, viviendas improvisadas, servicios sanitarios y educativos casi inexistentes, escasez de alimentos y agua potable, así como severas restricciones a la libertad de movimiento.

A lo anterior se suman graves violaciones de derechos humanos, incluidos arrestos arbitrarios, revocación de ciudadanía, violencia, asesinatos, intimidación y agresiones sexuales, que han afectado de manera particular a mujeres y niños y dejado profundas secuelas psicológicas.

Diversas fuentes señalan que los abusos han sido perpetrados por múltiples actores, entre ellos la milicia kurda Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y redes internas del propio campamento vinculadas a terceros. Esta situación se vio agravada por la falta de respuesta efectiva de numerosos países de origen de los residentes, que evitaron durante años asumir su responsabilidad de repatriación.

Para muchos analistas, resulta esencial reconocer que la pertenencia familiar a miembros de Daesh no constituye un delito ni justifica la privación de derechos fundamentales.

En Al-Hol permanecen ciudadanos sirios, incluidos algunos apátridas, que no tienen responsabilidad alguna en los crímenes del grupo terrorista.

Con el paso del tiempo, el campamento se fragmentó en facciones enfrentadas, mientras una ideología extremista logró arraigar entre determinados grupos. Bajo la gestión previa, Al-Hol fue transformado en un caldo de cultivo para el reclutamiento y la radicalización, una auténtica bomba de relojería social cuyas consecuencias podrían extenderse mucho más allá de sus límites geográficos.

Las autoridades sirias que ahora asumen la gestión del campamento enfrentan un reto mayúsculo y es equilibrar imperativos de seguridad con consideraciones humanitarias, sociales y legales.

Al mismo tiempo, esta etapa representa una oportunidad para diferenciarse de los modelos anteriores y avanzar hacia un enfoque integral que combine rehabilitación social, verificación de antecedentes de seguridad y coordinación internacional para la repatriación de extranjeros.

Expertos coinciden en que no es viable una apertura inmediata del campamento ni la reintegración directa de sus residentes a la sociedad. Se requiere, en cambio, un proceso gradual que garantice condiciones de vida dignas, acceso básico a salud y educación, y programas de rehabilitación psicológica y social, especialmente para una generación nacida y criada en un entorno profundamente insalubre.

Tras casi una década, Al-Hol encarna una injusticia prolongada contra miles de víctimas, en su mayoría mujeres y niños. Hoy, el campamento constituye algo más que un problema de seguridad: es una prueba temprana de la soberanía procesal del Estado, entendida no como un despliegue simbólico de fuerza, sino como la capacidad institucional de legislar, integrar y desmantelar amenazas desde lo social y lo legal, no solo desde lo militar.

En esta encrucijada, Siria enfrenta tres posibles caminos: una legalización gradual y controlada que permita desactivar la amenaza; la reproducción del mismo enfoque securitario bajo una nueva autoridad; o el escenario más peligroso, convertir Al-Hol en un modelo permanente de contención, donde la crisis se administre indefinidamente sin una solución de fondo.

El desenlace de este proceso tendrá implicaciones profundas no solo para el futuro del campamento, sino para la estabilidad y la justicia social en la Siria de la posguerra.

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