Mediante un comunicado difundido en las redes sociales, la coalición de 35 organizaciones de la sociedad civil afirmó que ambos guardan prisión injusta por una acusación arbitraria del Ministerio Público (MP).

Los señala de terrorismo y otros delitos graves por su participación (eran presidente y tesorero ese año de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán) en las manifestaciones en defensa de la democracia en 2023, acotó.

Esto es muestra de los abusos de poder de la fiscal general Consuelo Porras en contra de personas honestas, mientras protege a corruptos y criminales, expuso.

Reclamó además que se le otorgue a Pacheco y Chaclán una medida sustitutiva para que puedan continuar el proceso en libertad, tal como ocurrió con Esteban Toe y Basilio Puac (otros exlíderes originarios mayas).

Demandaron al Gobierno que investigue las actividades y el financiamiento de la Fundación Contra el Terrorismo y proceda a su cancelación. Dicha entidad -amplió- no solamente está obstruyendo la justicia en el caso mencionado, sino que también está detrás del 80 por ciento de las denuncias espurias contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas. Así recordó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Guatemala en su informe sobre la situación de los derechos humanos.

Por esta razón, precisó, resulta fundamental que personas íntegras y capaces se postulen al cargo de fiscal general y pongan fin a la criminalización y los abusos de poder del MP.

Pidió a la Comisión de Postulación, relacionada con ese ente investigativo, que actúe con entereza y ética para seleccionar a los mejores candidatos y que el mandatario defina finalmente con responsabilidad.

Guatemala se encuentra en un año clave por sus sufragios de segundo grado, de los cuales quedarán nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el Fiscal General, entre otros.

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